Las contraloras delegadas para el sector de minas y energía, medio ambiente y defensa iniciaron una auditoría especial transversal a la minera ilegal, con un equipo de expertos, de las más altas calidades, en materia minera, ambiental, penal y social.
Según las directivas del ente de control es de vital importancia hacer frente a este fenómeno que genera graves impactos sociales y ambientales y que cercena el derecho de los municipios y departamentos productores a percibir las regalías en razón a la explotación del recurso natural no renovable en su territorio.
Entre las razones que impulsan esta medida está la evidencia de la influencia de grupos al margen de ley en estas actividades ilícitas que advierten la debilidad de las autoridades para controlar este flagelo, máxime cuando de conformidad con la ley le corresponde a los alcaldes la suspensión de estas actividades y el aviso oportuno a las autoridades penales.
"Es preocupante que estas actividades ilícitas producen daños irreparables al ambiente pues están asociadas al uso de sustancias nocivas, por ejemplo el manejo descontrolado de mercurio y cianuro que generan efectos dañinos sobre la salud humana, el recurso hídrico y la supervivencia de las poblaciones y biodiversidad del ecosistema", destacó la Contraloría.
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