Colombia no sale de un escándalo para entrar en otro. Este 2013, que está próximo a culminar, ha sido un año especial para los debates y la agitación social. La paz, la justicia, la salud y el sector agropecuario han sido foco de álgidas controversias. La semana que termina estuvo marcada por la tormenta que despertó la decisión del Procurador General, Alejandro Ordóñez, de destituir e inhabilitar por 15 años a Gustavo Petro, alcalde mayor de Bogotá.
La reacción que provocó el hecho es una radiografía de lo que somos como país, de nuestra falta de madurez política, de nuestra agresividad social para enfrentar las lagunas democráticas. En ese contexto, basta con mirar el retrovisor para entender por qué históricamente hemos vivido en un carrusel de violencias y polarizaciones.
No comparto las opiniones viscerales que han publicado por estos días la mayoría de columnistas de los más importantes diarios del país. La decisión del Procurador ha sido atacada hasta el punto de llamarlo Frankenstein y ángel exterminador. Y tampoco comparto la postura de los otros, los que ciegamente defienden la decisión basados en su afinidad ideológica o religiosa.
Pienso que de este caso, que convirtió a Ordóñez en inquisidor, se puede rescatar una importante lección. Al margen de las especificidades del derecho colombiano, me atrevo a decir que fue la Constitución del 91 y el Código Único Disciplinario, los que crearon su propio Frankenstein: un procurador con facultades exorbitantes. Como si fuera poco, la Corte Constitucional le ha venido dando soporte legal. Y fue más allá, el procurador puede sancionar a aquellos elegidos con voto popular.
Es paradójico, pues el M19 -de donde proviene Petro- participó activamente en la redacción de la Constitución. Antonio Navarro, su compañero, fue copresidente de la Asamblea Nacional Constituyente. Y ahora la pelota se devuelve, pues fueron cocreadores de ese esperpento que atenta contra la democracia al darle a una persona el poder de revocar un mandato popular. Si Petro se equivocó, resultó ineficaz, mejoró o empeoró, es cuestión propia del debate democrático, pero no de procesos sancionatorios.
Otra lección que se desprende de este fallo es la urgencia de un análisis profundo sobre la forma en que Petro actuó frente al problema de las basuras en Bogotá. Colombia es un país de leguleyos y desmontar las mafias que se han conformado alrededor de los bienes públicos, no es tarea fácil para un gobernante. Hay que recordar que la Contraloría, meses antes de la intervención de Petro, denunció un sobrecosto de 76 mil millones de pesos que los operadores privados recaudaron abusivamente en Bogotá. La Silla Vacía, el portal de internet, expuso hace poco que con el modelo que buscó desprivatizar el servicio público de aseo, las tarifas se redujeron en un 27 por ciento.
Así que los indignados por este caso, entre los que me cuento, pedimos que se respete el soberano derecho de los que popularmente eligieron a un alcalde que llegó legítimamente al poder. Que la condena llegue, si debe llegar, a través de las urnas, por ejemplo, con la revocatoria de su mandato.
Pero también nos queda el reto de reflexionar sobre el efecto Petro, no desde las posiciones mediáticas, sino en el contexto de la democracia. Solo así seremos conscientes de los retos que esta nos impone y de los espacios que aún le falta por ganar.
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