El procurador general, de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, formuló un nuevo pliego de cargos contra la exsenadora liberal Piedad Córdoba, debido a que su nombre apareció en los computadores del abatido guerrillero Víctor Julio Suárez, alias el "Mono Jojoy", jefe militar de las Farc.
La excongresista será citada en los próximos días para que se presente ante funcionarios del Ministerio Público y explique su relación o vínculos con la guerrilla de las Farc y más precisamente con el cabecilla guerrillero, quien murió en un bombardeo durante la Operación Sodoma, el 23 de septiembre de 2010, en La Macarena, Meta.
Las primeras versiones indican que en los computadores incautados por la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín), de la Policía Nacional, aparecen correos electrónicos y documentos en los que involucrarían a la exsenadora, quien sostuvo algunos diálogos con el "Mono Jojoy" y otros de los integrantes del Secretariado de la Farc, en actividades ilegales.
Por el momento no se conoce ninguna respuesta de la ex senadora Piedad Córdoba ante este nuevo proceso disciplinario, del cual debe ser notificada.
La exsenadora liberal es investigada por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) por su presunta responsabilidad en los delitos de concierto para delinquir y traición a la patria, por sus presuntos vínculos con la guerrilla de las Farc, luego de que su nombre apareciera mencionado en repetidas oportunidades en los computadores incautados al abatido guerrillero "Raúl Reyes", en marzo de 2008 en Ecuador.
Los datos de los computadores de "Reyes" no pueden ser tenidos en cuenta por ningún tribunal del país, luego de que la CSJ sentenciara que las supuestas pruebas allí contenidas no cumplieron con los requisitos y, por tanto, solo sirven para fijar unas líneas de investigación.
Ya está sancionada
Piedad Córdoba fue destituida e inhabilitada para el ejercicio de funciones públicas durante 18 años por la Procuraduría General de la Nación en septiembre del año pasado.
La investigación del Ministerio Público tuvo origen en los archivos del computador de alias "Raúl Reyes" que, según el ente disciplinario, fueron "corroborados con otros medios de prueba", entre los cuales mencionó traslados de la Sala Penal de la CSJ y la Fiscalía, registros del DAS de los viajes de la exsenadora al exterior, interceptaciones telefónicas legales a miembros de las Farc y la declaración del ucraniana Viktor Tomnyuk, sobre su relación con el frente de las Farc.
Otros documentos tenidos en cuenta por la Procuraduría son los informes de la Interpol y los peritajes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía y la Dijín "sobre la autenticidad de los medios electrónicos".
Según el Ministerio Público, con los elementos mencionados "se logró establecer que el cruce de documentos entre el grupo guerrillero y la senadora, en los que se identificó con los alias de 'Teodora', 'Teodora de Bolívar', 'la Negra' y 'la Negrita', la parlamentaria se extralimitó en sus funciones así como en la autorización dada por el Gobierno para gestionar el intercambio humanitario".
En su fallo de única instancia de septiembre de 2010, el Ministerio Público "estableció con certeza que la senadora emitió consejos al grupo de las Farc relacionados con no enviar videos de personas secuestradas por el grupo insurgente a cambio de grabaciones de voz de los mismos, con el fin de adoptar una mejor estrategia en la búsqueda de sus objetivos".
La Procuraduría agregó entonces que Piedad Córdoba también "dio información a este grupo al margen de la ley sobre asuntos diferentes con la liberación de los secuestrados, entre ellos, posibles donaciones de gobiernos extranjeros a departamentos colombianos".
Según el organismo disciplinario, "se constató que la senadora Córdoba instruyó y solicitó a las Farc que suministraran pruebas de vida de los secuestrados con el fin de favorecer a gobiernos de otros países. Así mismo, efectuó declaraciones en diferentes actos públicos en los que ejerció actos de promoción con el fin de favorecer los intereses del grupo subversivo".
Piedad Córdoba dijo entonces que la sanción era "una muestra más de la persecución política" que la afecta y resaltó que el procurador Alejandro Ordóñez "se encuentra seriamente cuestionado por sus actuaciones". El abogado Luis Guillermo Pérez dijo que la ex senadora "renunció a defenderse ante la Procuraduría porque no tiene garantías para un debido proceso".
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