La Procuraduría General de la Nación abrió pliego de cargos contra cinco funcionarios del Gobierno en 2004, por las presuntas irregularidades en que habrían incurrido para sacar adelante la reforma constitucional que permitió la reelección.
Los afectados con esta medida son el ex ministro del Interior y de Justicia, Sabas Pretelt de la Vega; el ministro de Protección Social, Diego Palacio; el entonces superintendente de Notariado y Registro, José Félix Lafurie; el ex director del DAS, Jorge Noguera Cotes, y el ex jefe de Asuntos Políticos del ministerio del Interior, Hernando Angarita.
Todos fueron mencionados por la ex congresista Yidis Medina, dentro del proceso que la Corte Suprema de Justicia le adelantó por el delito de cohecho propio.
Según la Procuraduría, serán investigados "por ejercer las potestades que su empleo o función les conceden para una finalidad distinta a la prevista en la norma otorgante, influyendo en la congresista Yidis Medina para conseguir beneficios para sí y para otro".
La decisión se tomó porque los investigados habrían ofrecido "vincular a sus recomendados con ocasión del trámite del proyecto legislativo y por utilizar sus cargos para participar en actividades partidistas, extralimitándose y abusando del ejercicio de sus cargos y funciones".
El procurador general, Edgardo Maya, se declaró impedido para adelantar la investigación contra Alberto Velásquez, ex secretario general de la Presidencia, por cuanto alguno de los hechos cuestionados tienen relación con la ESE Luis Carlos Galán Sarmiento, entonces dirigida por Faruk Urrutia, su sobrino. La investigación en su contra la hará el viceprocurador general, Carlos Arturo Gómez Pavajeau.
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