El referendo sigue dando de qué hablar y esta vez por cuenta de una denuncia que instauró el representante del Polo Democrático, Germán Navas.
Según el padre de la Patria, los 86 congresistas que votaron a favor del proyecto del referendo en el amanecer del 17 de diciembre del año pasado, incurrieron en prevaricato. Si se comprueba que así fue, la sanción que podrían recibir los parlamentarios sería entre 4 y 12 años de cárcel y la consecuente pérdida de sus funciones.
Para el representante, los parlamentarios ignoraron que todavía no estaba listo uno de los dos conceptos que la Registraduría Nacional solicita para que se pueda discutir el proyecto. Hasta ese instante, el ente electoral solo había avalado las firmas pero faltaba el concepto sobre las cuentas de la campaña. Ese aval es responsabilidad del Consejo Nacional Electoral y hasta ahora no existe un pronunciamiento.
Por eso, el congresista del Polo argumentó su denuncia en que "el organismo electoral no había expedido el certificado definitivo que le diera vía libre al Congreso para que pudiera legislar".
Pese a que los congresistas estaban advertidos sobre esta situación y a que Navas el 9 de diciembre le había presentado un derecho de petición al presidente de la Cámara, Germán Varón, para que no incluyera en el orden del día de las sesiones plenarias el proyecto de ley, la mesa directiva de la Cámara y los parlamentarios hicieron caso omiso de esa situación.
"Estaban advertidos de que aún no había concluido el trámite electoral pero ellos resolvieron votar", dijo Navas citado por Colprensa.
El representante cree que con la denuncia, el proyecto del referendo no sufrirá modificaciones debido a que se trata de una denuncia sobre el comportamiento de los representantes. "Lo que yo estoy denunciando no es el referendo sino el delito de prevaricato", señaló.
Las reacciones
La denuncia de Germán Navas tuvo de inmediato reacciones.
El representante conservador, Carlos Alberto Zuluaga, quien votó el proyecto, se mostró tranquilo porque consideró que los congresistas que votaron el proyecto se ciñeron a la ley.
"Será la Corte Suprema de Justicia la que determine si actuamos bien o no, pero yo creo que no hay ningún problema porque el concepto del Consejo Nacional Electoral no es obligante frente a la toma de decisión del Congreso", dijo el parlamentario.
Pero eso no piensa el representante liberal, Carlos Arturo Piedrahíta, opositor al proyecto, quien antes de aprobarse la iniciativa del referendo instauró otro derecho de petición ante la Registraduría y el Consejo Nacional para que le dijeran si tenían claridad sobre cómo se financió el proyecto.
"Los promotores del referendo no cumplieron con los requisitos de financiación. Ni la Registraduría ni el Consejo Nacional Electoral le han dado el aval al promotor del referendo, y me respondieron en una carta que esos requisitos deben cumplirse antes de votarse en el Congreso", dijo el representante.
Por eso los liberales no votaron el referendo. Además, según Piedrahíta, en la carta le explicaron que esos requisitos sí son procedimentales.
"En eso me parece que la mesa directiva de la Cámara tiene una responsabilidad muy grande porque recibió un proyecto que todavía no cumplía con todos los requisitos legales", expresó.
Para el representante Germán Navas, los congresistas debieron esperar el aval del Consejo Nacional Electoral y no desconocer el trámite legal. Su denuncia se suma a otra que él instauró en la Fiscalía sobre las cuentas del referendo.
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