Muchos hemos padecido de vecinos problema, esos que con sus recurrentes y ensordecedoras fiestas impiden conciliar el sueño, y a los que no hay autoridad ni multa que los haga comportarse bien.
Yo tuve unos que me hicieron mudar de casa, con tan mala suerte que producto de la fuga geográfica, resulté viviendo en un barrio donde ya no tengo que soportarme al de la casa del lado, sino a un montón de discotecas y tabernas literalmente fuera de control. “De Guatemala pa guatepeor”.
Los únicos días de relativa calma son los lunes y los martes, de ahí en adelante “empieza Cristo a padecer”.
A medida que avanza la noche aumenta el volumen hasta el punto de alcanzar los 80 decibeles, cuando el máximo nivel permitido es de 55.
Tal situación la padecemos los vecinos de la avenida 33, Las Palmas, el Parque Lleras, la 68 en Castilla, entre otros corredores de bulla, donde ya estamos cansados de llamar al orden y de constatar la ausencia e inoperancia de la ley y sus representantes, llámense como se llamen.
Estoy de acuerdo con la idea de que Medellín sea una ciudad despierta las 24 horas, no crean que vengo a dármelas aquí de puritano, pero hay un malestar generalizado en los que habitamos en estos sectores, quienes sentimos varios de nuestros derechos vulnerados. Lo que debe ocupar a las autoridades y dirigentes, es acabar con la dictadura de la rumba sin controles, ni sanciones, pero ello solo se logra actuando, no debatiendo, ni especulando.
Cuento de nunca acabar. Años llevamos exigiendo resultados y cada vez el tema es más complejo. Con dos agravantes: el aumento desmedido de este tipo de establecimientos sin ningún tipo de regulación, y la complacencia de las autoridades que reciben coqueteos en dinero, por parte de muchos administradores de locales, para que les permitan seguir funcionando, pese a las constantes quejas y a las indiscutibles irregularidades administrativas y locativas. Lo sé porque para nadie es un secreto, así funciona todo; además porque me lo han contado personas del gremio, comerciantes de la noche, que sí han invertido en adaptar sus negocios a la norma, pero que se quejan porque no se miden a todos los establecimientos con el mismo rasero y ello les afecta sus finanzas.
Ha fracasado la solución pedagógica. La ley actual es laxa y permite que no se actúe con mano dura e inmediatez.
Es en la misma ley donde radica parte del problema, pues para cerrar un negocio se requiere de meses. Aunque es casi imposible que eso pase, ya que se le da tiempo al dueño del establecimiento de cambiar de razón social o llevar a cabo otra artimaña para llevar la delantera.
Como casi todas nuestras consternaciones, el inconveniente va más allá de las soluciones evidentes. De fondo existe la ausencia (valga el oxímoron) de voluntad política, esa que desborda en otros asuntos.
Mi lectura es que ha sido un argumento fundamental en la conquista politiquera donde todo es importante, pero que pasa a ser secundario cuando los aspirantes a cargos de elección popular se convierten en gobernantes.
A mis exvecinos del 203, los perdono.
Pico y Placa Medellín
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