Al iniciar esta serie de columnas sobre la justicia transicional resalté que el gobierno había adoptado este marco retórico para abordar algunos de los retos del posconflicto, alertando sobre los riesgos inherentes a la naturaleza ambigua de la justicia transicional y a la aplicación irreflexiva de sus mecanismos en una coyuntura que no es describible como una transición hacia la democracia.
Durante las próximas semanas abordaré múltiples aspectos de la justicia transicional con el fin de contribuir al debate sobre su contenido y sus formas en Colombia.
Arranco por un punto (esencial) que suele pasarse por alto: la justicia transicional fue pensada para asistir a gobiernos que suceden a regímenes autoritarios a instalar la democracia, haciendo frente al déficit de rendición de cuentas sin afectar su capacidad de mantenerse en el poder. Los mecanismos, tales como las comisiones de la verdad y las iniciativas especiales de persecución penal, se utilizaron calculadamente para llamar la atención sobre las atrocidades y la corrupción de los regímenes pasados y dar luz verde a las nuevas formas (y caras) de gobierno y a un futuro prometedor.
Como percibirán, esta trama dista mucho del actual contexto político colombiano. Aquí los mecanismos están siendo diseñados por el régimen –gobierno y clase política que lo respalda– que está en el poder y que no lo quiere soltar. Ningún interés les asiste en dirigir las miradas hacia las atrocidades o la corrupción acontecidas durante su ejercicio de poder público. La administración santista no hará nada para afectar su capacidad de gobernar. (Lo mismo puede decirse de sendos representantes de los poderes Legislativo y Judicial que promueve vigorosamente la justicia transicional). La iniciativa oficial no busca colocar un espejo retrovisor con miras a su gobierno, ni mucho menos dirigir la mirada al desempeño de Santos como ministro de la Defensa Nacional. ¡Ni locos que estuvieran…
Este dato es mucho más significativo de lo que se piensa tanto para el diseño de los mecanismos transicionales como para el alcance de la transición ideada.
El discurso oficial, de hecho, lo confirma. En la exposición pública del denominado Marco jurídico para la paz se argumenta que se trata de pasar la página para entrar a una nueva fase y que la nueva fase se logra a punto del estado de derecho que ya tenemos. Hay una promesa de que todo cambiará mediante la aplicación de lo que ya conocemos. Es decir, ¡todo cambiará para seguir igual!
La versión oficial de la justicia transicional en Colombia es un bicho raro. No está pensada para apoyar la sustitución de un régimen abusivo y corrupto por uno pulcro y democrático, sino para mantener y fortalecer un gobierno que dice portar las llaves de la pulcritud y la democracia. La versión oficial de la justicia transicional en Colombia –al menos en términos de poder político– no es para la transición, sino para la continuidad.
Concluyo insistiendo en que no todo está escrito y que es posible (y necesario) aprovechar la coyuntura y la feroz invocación de la justicia transicional para poner en marcha procesos sociales que hagan frente a la negación oficial de la atrocidad y al déficit de rendición de cuentas que ha existido históricamente en relación con el ejercicio del poder en Colombia. Si este debate no se abre, la justicia transicional en Colombia servirá para que todo siga igual.
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