El relator especial de Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, James Anaya, aseguró que a pesar de los programas que adelanta el Gobierno colombiano en busca de la defensa de estas comunidades, la situación no ha sido afrontada con la urgencia que esta lo merece.
"Las leyes, programas y políticas del Gobierno, no permiten una efectiva protección y satisfacción de los derechos humanos de los pueblos indígenas en el país", aseguró en el informe presentado ayer en Bogotá, luego de la visita realizada al país entre el 22 y 27 de julio de 2009.
En el documento, sugirió al Ejecutivo a invitar al Asesor Especial para la Prevención del Genocidio de las Naciones Unidas para monitorear la situación de las comunidades indígenas que se encuentran amenazadas con el exterminio cultural o físico. Entre ellas se encuentra los Nukak Makú, del Guaviare, y los Kankuamos, de la Sierra Nevada de Santa Marta.
Anaya resaltó la labor de la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo, con su programa de Alertas Tempranas (SAT) para salvaguardar la integridad de las comunidades. Sin embargo, recordó que este sistema no siempre ha recibido respuesta de los organismos encargados de poner en marcha los mecanismos de protección. Un ejemplo de esta situación es que a pesar de que el 9 de julio del año pasado el Gobierno desarrolló un Plan de Salvaguarda y Programa de Garantía para el pueblo Awá, el 26 de agosto un grupo de personas encapuchadas asesinó a 12 indígenas Awa, entre ellos siete niños, en el resguardo indígena Gran Rosario, municipio de Tumaco, Nariño.
El Relatortambién manifestó su preocupación por el impacto del conflicto armado sobre las mujeres indígenas, sobre todo el incremento de casos de violencia sexual.
De igual forma, el Relator resaltó la situación de los niños Awa, quienes están más expuestos al reclutamiento por los actores armados ilegales y enfrentan difíciles condiciones humanitarias, incluyendo muertes y mutilaciones, secuestros, actos de violencia sexual, ataques contra escuelas, hospitales y denegación de acceso humanitario.
Con respecto a la presencia de militares en territorios indígenas, Anaya señaló la necesidad de consultar e intentar concertar con los pueblos afectados, todas las condiciones de cualquier presencia militar dentro de sus territorios.
