Por sorpresa tomó a los colombianos la noticia de la operación del presidente Juan Manuel Santos por un tumor cancerígeno en la próstata. La posibilidad de que el vicepresidente Angelino Garzón tuviera que reemplazar al Jefe de Estado no resultó descabellada, pues la Constitución de 1991 lo establece así en caso de una ausencia temporal o absoluta.
Esa posibilidad se transformó en polémica, a tal punto que el Congreso de la República le solicitó a Garzón someterse a una valoración médica para determinar si está o no en condiciones de reemplazar a Santos. Solicitud que no fue acogida por el Vicepresidente.
Y es que el tema de la salud de los dignatarios este año, particularmente, cobró una importancia inesperada. Al accidente cerebro-vascular que sufrió Garzón, se le sumó la cirugía del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, por un hematoma en la cabeza; el cáncer de pulmón que padece el alcalde de Cartagena, Campo Elías Terán; y recientemente el tumor que le extirparon al Mandatario colombiano.
El desempeño de los altos dignatarios se vio cuestionado, precisamente, por su estado de salud. Ahora, el debate va más allá, pues actualmente cursa en el Congreso de la República un proyecto de ley, que de ser aprobado, obligaría a altos funcionarios a someterse a un examen médico anual.
Aunque aún no se sabe si esto podría convertirse en ley de la República, lo cierto es que actualmente los dignatarios no están en la obligación de ser objeto de evaluaciones médicas para determinar si se está en la capacidad para ejercer el cargo. Las opiniones están divididas y la sociedad colombiana tiene puestos los ojos en este tema.
La controversia entre Garzón y Barreras
El jueves pasado, Angelino Garzón sorprendió al informar que se había negado a ser evaluado por una comisión médica solicitada por el Congreso. Su argumento principal se basó en una consigna, según la cual, una revisión de este tipo significaría poner en duda que el Jefe de Estado es Juan Manuel Santos.
Pero también puso sobre la mesa un argumento constitucional. Según Garzón, el Senado de la República tendría que declarar, en un primer momento, la vacancia presidencial para luego exigirle un dictamen médico.
“El Congreso ordena que altos médicos revisen el estado de salud del Vicepresidente, cuando previamente en sesión plenaria se haya tomado la decisión de que el presidente, por falta temporal o absoluta, no puede seguir ejerciendo. Eso fue lo que yo les dije a los médicos, porque hoy tenemos un Presidente”, sostuvo.
No obstante, el presidente del Senado, Roy Barreras, reiteró que según la normativa, Garzón se equivoca con su argumento, al hacer alusión al artículo 326 de la Ley 5 de 1992. Además insistió en que se someta a la valoración para tranquilidad del pueblo colombiano.
¿Quién tiene la razón?
De acuerdo con el constitucionalista Juan Manuel Charry, Garzón y Barrera están equivocados. Explicó que el artículo 326 señala que para declarar una incapacidad permanente se requiere de una certificación médica por parte de tres instituciones (la Academia Nacional de Medicina, la Federación Nacional de Medicina y el Tribunal de Ética), pero esto no implica que el Presidente o el Vicepresidente estén en la obligación de someterse a un examen.
“Los informes médicos autorizan al Senado para declarar la incapacidad permanente al Presidente. Con los certificados se puede declarar la incapacidad, pero esto no quiere decir que necesariamente el Presidente y el Vicepresidente estén obligados a hacerse un examen para determinar tal cosa, la lectura que se está haciendo en este momento es extensiva a un deber que la norma no establece”, explicó Charry.
El experto defendió la posición de Garzón al decidir no aceptar la revisión y aclaró que el alto funcionario está en la total libertad de rechazar la solicitud del Congreso y de revelar su estado de salud o su historia clínica, sí así lo considera conveniente.
“Él tiene derecho a no someterse, pero para ir más lejos, no están obligados a revelar su estado de salud, lo pueden hacer si quieren. Pero ahora tenemos un contraste, porque por ejemplo el presidente Santos brinda toda la información para que la opinión pública juzgue. No obstante, esta una decisión individual”, agregó Charry.
De ahí que esa decisión individual pueda generar confusión, pues puede llevar a pensar que es una obligación revelar detalles y no un acto voluntario. Al respecto, el expresidente de la Corte Constitucional, José Gregorio Hernández, sostuvo que en este momento no se le puede exigir al Vicepresidente un examen para determinar si puede reemplazar a Santos.
“En este momento no hay falta del Presidente de la República, ni siquiera transitoria. A mi juicio no tiene sentido pedirle exámenes a una persona que además tiene en este momento una incapacidad médica (…) Me parece que en el fondo lo que hay es un deseo de sustituir al Vicepresidente, que ha sido elegido por el pueblo, por uno que elija el Congreso. Debe prevalecer la decisión popular”, indicó Hernández.
A pesar de la negativa del Vicepresidente, el senador Barreras anunció que se dirigirá formalmente al procurador General, Alejandro Ordóñez, para que éste le solicite a Garzón practicarse el examen.
¿El examen debe de ser obligatorio?
El senador Juan Lozano es autor del proyecto de ley que obligaría a jefes de Estado, alcaldes, gobernadores y otros funcionarios a practicarse un examen para verificar si pueden seguir desempeñándose en sus cargos. Frente a esta iniciativa, el parlamentario explicó que el propósito es informarle al país si están en capacidad o no de continuar.
“La salud de los altos dignatarios es un asunto que interesa a todos los colombianos, por eso este proyecto se presentó no cuando el presidente, el vicepresidente, el alcalde de Bogotá o el de Cartagena se enfermaron”, indicó Lozano.
Además aclaró que no se estaría violando la privacidad de los funcionarios al revelar los resultados de esa revisión: “Es poder decirles que un dignatario goza de cabal salud y preservar su privacidad y en una sola frase decirle al país si está en capacidad y no está en capacidad de continuar, sin obligarlos a revelar su historia médica”.
Ante la iniciativa, el constitucionalista Hernández opinó que está de acuerdo con que se apruebe la normativa, pero hacia el futuro. “Una norma que no se ha aprobado no se puede hacer exigir sin que esté vigente”, afirmó al referirse a la solicitud del Congreso a Garzón.
Pero también resaltó que esta iniciativa sería importante porque se trata del destino colectivo y de la suerte de toda la comunidad. Por tal razón, los mandatarios deben estar en condiciones plenas para tomar las mejores decisiones. “Hay que darle valor a la actuación democrática de Angelino Garzón”, puntualizó.
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