Rabia y frustración son los sentimientos que reflejan los sanandresanos cuando se les consulta por su situación, un mes después de que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya decidiera entregarle a Nicaragua 75.000 kilómetros del mar del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
Arlington Howard, quien renunció a su cargo como presidente de la Asamblea Departamental para presionar al Gobierno a tomar acciones de fondo, considera que los anuncios del presidente Juan Manuel Santos se quedaron en nada y que algunas de las iniciativas que fueron presentadas como parte del llamado Plan San Andrés solo hacen parte de un paquete de promesas viejas.
"Lo único concreto que hay ahora es el subsidio que les van a dar a los pescadores, de resto no hay nada. Las inversiones como el acueducto subacuático y las vías, las habían prometido el pasado 20 de julio". señaló Howard.
Su molestia coincide con la de Corin Duffi, líder de la comunidad raizal, quien insiste en que este fallo adverso se puede convertir en la oportunidad para que los raizales logren su independencia.
"Nuestros antepasados llegaron hace 300 años y lo único que hemos padecido es que ahora solo somos el 30 por ciento de la población y nos han quitado el 50 por ciento del territorio. Al paso que vamos, somos un pueblo que está próximo a desaparecer".
Ayer, en declaraciones a medios radiales, la gobernadora Aury Guerrero insistió en la necesidad de que el Gobierno no acate la decisión de la CIJ. Acoger su petición, señalan Duffi y Howard, sería la única salida frente a la inconformidad que siente los isleños.
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