En la que podría ser su última intervención en la ONU, como presidente de Colombia, ayer Juan Manuel Santos pidió el respeto de la comunidad internacional al proceso de paz que adelanta con las Farc.
Previo a la participación, ambientó esta solicitud en la Asamblea de la ONU, al reunirse con el presidente de Uruguay, José Mujica, y Ban ki- moon, secretario General de las Naciones Unidas. Ambas personalidades apoyan la salida negociada al conflicto armado que ha padecido Colombia durante 50 años.
Esto en contraste con las críticas que la semana pasado le hicieron al Gobierno, desde el procurador Alejandro Ordóñez, Nilson Pinilla, magistrado de la Corte Constitucional, hasta José Miguel Vivanco de Human Rights Watch. Todos tres aducen que la aplicación de justicia a los responsables de crímenes de lesa humanidad quedaría a medio camino, si se firma un acuerdo con las guerrillas.
Sin embargo, el presidente Santos insistió ayer, lo que su delegación negociadora en Cuba ha dicho en cuanto foro se ha hecho el último mes: que la justicia internacional no debe de ser el obstáculo para finalizar el conflicto armado.
Incluso en una carta enviada a la Corte Constitucional, la fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, aseguró que la justicia internacional intercedería por las víctimas si no son castigados los responsables de crímenes contra la humanidad.
Dijo Santos ayer en la ONU: "Recientemente la antigua Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, señaló que la doctrina internacional no ha sido exitosa en encontrar respuestas prácticas a cómo resolver la tensión entre paz y justicia en un proceso de negociación". A su vez resaltó que el Marco Legal era una estrategia integral de justicia para satisfaccer los derechos de las víctimas.
"Lo que planteamos a la ONU y a la comunidad internacional es que se respete el derecho de Colombia –y de toda nación– de buscar la paz", pidió Santos.
Solicitud que era de esperarse; Santos juega sus últimas cartas a menos de un año de finalizar su Gobierno, mientras el reloj corre en contra del plazo del ansiado anuncio del fin del conflicto armado.
Tiene el apoyo del Congreso, del fiscal Eduardo Montealegre, y en su bolsillo está el Marco Legal, pero la discusión no termina en el ámbito local.
¿Defender la soberanía?
Tanto que su intervención es interpretada como la intención del país de incumplir los tratados internacionales (el Estatuto de Roma), apelando a la soberanía nacional.
Así lo aduce el jurista Rafael Nieto Loaiza, quien recordó que fue Colombia quien se suscribió a los tratados y "que es un contrasentido no acatarlos".
Aunque Santos deja la pregunta, tras su intervención, de hasta dónde llega la competencia de la CPI, tal y como lo explica el politólogo Alejo Vargas.
"¿Hasta dónde va la interferencia de la justicia internacional sobre las decisiones que pueda tomar una sociedad para superar el conflicto armado?". Esa es la pregunta de un debate que no llega a la última palabra.
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