La disputa territorial con Nicaragua trascendió el plano jurídico internacional hace tiempo.
Desde el primer momento en que se conoció el fallo de la Corte Internacional de Justicia sobre San Andrés, y el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega de manera provocadora dijo a través de los medios de comunicación que daba la bienvenida al presidente Santos, al anunciar su visita a la isla, desde ese momento el tono de la disputa adquiría tintes políticos y ya no sólo jurídicos.
No obstante, y como ha sido costumbre del actual gobierno, el silencio frente a las afrentas, provocaciones y comentarios destemplados de Nicaragua y otros países se ha convertido en el pan de cada día, pues en teoría, no se ha dado respuesta pública porque todo está siendo manejado por los "canales diplomáticos pertinentes".
Dicho silencio está costando caro. En la medida en que va surgiendo ante la opinión la intención de Nicaragua por expandir sus fronteras marítimas en detrimento del territorio colombiano, nuestro gobierno permanece silencioso y frío, sosteniendo argumentos técnicos que poco o nada dicen al ciudadano del común.
Recordemos el ataque de nuestras Fuerzas Armadas al campamento del extinto terrorista alias Raúl Reyes en territorio ecuatoriano. Recordemos la creciente furia del presidente Correa y de sus aliados al enterarse del éxito de dicha operación militar.
Recordemos también que en el más estricto de los sentidos, las protestas por dicho operativo pudieron haber sido discutidas y resueltas bajo la mirada del Derecho Público Internacional.
No obstante, y como el gobierno colombiano de entonces entendió que lo jurídico era sólo una porción de la justificación y defensa de esa acción, y teniendo en cuenta que los ataques y cuestionamientos de países como Venezuela, Ecuador y Nicaragua eran de carácter político, la respuesta también fue acorde tanto en la OEA por parte del entonces embajador Camilo Ospina como en la célebre Cumbre de Río (República Dominicana).
El presidente Uribe enfrentó la coalición de países socialistas y defendió la legitimidad del operativo contra Reyes, con tal vehemencia, claridad y calidad argumentativa –jurídica y política- que ante la ausencia de argumentos para refutar su presentación, el resultado fue el de la normalización de la tensión internacional ocasionada por este hecho.
El gobierno colombiano podrá seguir guardando silencio y argumentando que la disputa con Nicaragua se canalizará a través de la diplomacia y las cortes internacionales.
No obstante en la medida que el silencio continúa, la sensación de falta de liderazgo y de claridad ante la defensa de nuestro territorio crece como bola de nieve y alimenta el tono expansionista de Ortega y sus amigos, y por supuesto, cada vez será más costoso.
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