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"Sin tutelas no hay derecho a la salud en Colombia": Personeros

30 de mayo de 2013
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En Colombia se ha consolidado la costumbre de interponer acciones de tutela e incidentes de desacato para acceder a los servicios de salud. A esa conclusión llegó la Federación Nacional de Personeros (Fenalper) al constatar que solo en 2012 estos despachos en todo el país reportaron más de 12.000 acciones de tutela y 2.607 incidentes de desacato para proteger este derecho fundamental.
 
Un informe sobre la situación de la salud y la prestación del servicio en el país realizado por Fenalper arrojó que el panorama en el país es crítico y preocupa el número de acciones constitucionales que deben interponer los colombianos como mecanismos de protección para poder garantizar el derecho a la salud y acceder a los servicios.
 
Durante 2012, las Personerías del país reportaron ante Fenalper 12.179 acciones de tutela para proteger el derecho a la salud. Ocupan los primeros lugares Medellín, con 7.390 tutelas (el 60,7 por ciento); Manizales, con 2.732 tutelas (22,4 por ciento); Armenia, con 998 tutelas (8,2 por ciento); Neiva, con 400 tutelas (3,3 por ciento), y Villavicencio, con 377 tutelas (3,1 por ciento).
 
La tendencia se mantuvo en el primer trimestre de 2013, lapso en el que se interpusieron por parte de estos órganos de control y de derechos humanos 1.018 acciones de tutela. Las ciudades que ocupan los primeros lugares son Neiva, con 268 tutelas (26,6 por ciento); Armenia, con 227 tutelas (22,6 por ciento); Villavicencio, con 122 tutelas (12,1 por ciento); Valledupar, con 80 tutelas (7,9 por ciento), e Ibagué, con 75 tutelas (7,4 por ciento).
 
Esos datos dieron pie para que Andrés Santamaría, presidente de Fenalper, asegurara: “Las tutelas constituyen casi la herramienta exclusiva para garantizar el goce efectivo del derecho a la salud ante un sistema de seguridad social en salud que opera de manera retardada, ineficiente e inoportuna, que demuestra claramente la negligencia en la prestación del servicio”.
 
Santamaría insistió en que es necesario que los mecanismos de inspección, control y vigilancia a las EPS e IPS se fortalezcan en todo Colombia, para evitar este tipo de conductas y para que no se repita la omisión de obligaciones que vulneren la salud, con lo cual se evitaría someter a los usuarios a cargas innecesarias como trámites judiciales que agravan su situación, constituyen tratos crueles e inhumanos y que pueden llevar a la muerte del paciente en el lapso de espera de respuesta judicial o de acatamiento del fallo por parte de la EPS o IPS.
 
Sin embargo, el presidente de Fenalper indicó que ahora las entidades de salud no están acatando los fallos de tutela, por lo que los usuarios están acudiendo a otra acción constitucional para la defensa de sus derechos a la salud: el incidente de desacato. En 2012 se presentaron 2.676 incidentes de desacato en materia de salud y en el primer trimestre del 2013 van 184, revela el informe.
 
Los personeros denunciaron ante Fenalper que muchas EPS en el país, ante la cantidad de fallos de tutela a favor de los usuarios, se muestran renuentes al cumplimiento de dicha orden y han optado por esperar a que se presente el incidente de desacato, y prestan la atención solo hasta cuando, a través de este instrumento jurídico, se obliga al cumplimiento de la orden del juez de manera inmediata, con la amenaza de una sanción jurídica.
 
Los principales problemas que generan las acciones de tutela y los incidentes de desacato, de acuerdo con lo que reportaron los personeros obedecen a negaciones del servicio, traslado de pacientes, dificultades con remisiones y autorizaciones, asignación de citas médicas con especialistas, entrega de medicamentos, negación de medicamentos no POS, atención a población carcelaria y desplazados, falta de convenios con IPS y demora en la autorización de procedimientos quirúrgicos.
 
De acuerdo con Fenalper, la información aportada por las personerías no solo se reduce a las cifras de acciones de tutela e incidentes de desacato interpuestos, sino que abarca denuncias sobre el panorama particular de cada una de las zonas de acción de los entes de Ministerio Público en defensa de los derechos humanos.

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