No sé qué tanto le importe a la mayoría de los colombianos lo que sucede en muchas de las regiones de nuestro país. Al parecer no mucho. Son otros los temas y debates que eclipsan la atención del país. Lo primero que hay que reconocer es que las decisiones se toman hoy en las grandes capitales. Las regiones son marginales, de ellas es poco lo que sabemos. Estamos en un país dividido entre lo urbano y lo regional, en el cual la brecha es cada vez mayor.
Me han impresionado dos recientes informes que muestran realidades comunes en dos zonas geográficas muy distantes. En mi columna pasada ya había hecho mención a la gravedad de la situación del departamento de Nariño. Sin embargo las atrocidades continúan, el asesinato de los Awa no se detiene. Luego de la masacre de 12 indígenas, entre ellos seis menores, y las órdenes del Presidente para garantizar su seguridad, nuevamente han sido asesinados otros tres indígenas. Al igual que la masacre, las nuevas muertes han puesto en serios aprietos al Gobierno nacional ante la falta de garantías para la protección de esa etnia. Eran muertes anunciadas y nada se hizo para evitarlas. Como consecuencia se han incrementado los desplazamientos de indígenas que llegan a Tumaco en busca de protección. A esto se suma que el director del DAS en ese municipio y varios ex agentes de la Fuerza Pública fueron capturados por la Fiscalía sindicados de pertenecer a la banda de las Águilas Negras. La Diócesis de Tumaco ha dado a conocer en un comunicado la cruda realidad de la guerra que se vive allí. Entre enero y junio se reportaron 173 homicidios; las fosas comunes que vienen apareciendo en diferentes municipios de la costa nariñense son numerosas; existen 50 denuncias sobre desapariciones forzosas en Tumaco; en lo corrido del año van 10 desplazamientos masivos; 14 de los 62 educadores han tenido que salir de la región, entre ellos varios rectores, y lo mismo sucede con los líderes comunitarios. Además, el reclutamiento de menores de edad por parte de los grupos armados y el crecimiento de éstos y de pandillas en barrios, veredas y cabeceras municipales no da tregua. El irrespeto a las mujeres va en ascenso, en los últimos dos meses han sido asesinadas, a veces bajo tortura y sevicia, nueve menores de edad, entre ellos tres niñas. El narcotráfico ha sido y sigue siendo el telón de fondo de esta tragedia humanitaria.
Algo similar está sucediendo en el Bajo Cauca. A finales del mes de agosto se desplazó a esa región el Comité Interagencial de Antioquia compuesto por diferentes agencias del Sistema de Naciones Unidas, la misión de la OEA y varias ONG internacionales para conocer de manera directa la situación regional. Allí realizaron reuniones con los campesinos, los personeros y alcaldes de la zona, así como con el Obispo de Santa Rosa. Todos coincidieron en los altos niveles de inseguridad en que viven sus habitantes debido a la presencia de grupos armados que controlan el mercado de las drogas y de paso el territorio, situación que ha llevado al aumento de las muertes selectivas y al desplazamiento de su gente. La tierra está quedando en manos de unos pocos.
La situación de Tumaco y la del Bajo Cauca, dos regiones disímiles que comparten la misma problemática, se reproduce en la mayoría de zonas del país a donde se ha trasladado la guerra. El tema amerita la más seria reflexión. Un país no puede avanzar en estas circunstancias y mucho menos pensar en su reconciliación.
*Ex ministro de Medio Ambiente
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