A pocos días de que prescriba la investigación por el asesinato del caudillo liberal Luis Carlos Galán Sarmiento, y como consecuencia sea archivada, muchas son las preguntas, las preocupaciones y las propuestas que rodean el caso.
Mientras en la Fiscalía se indaga acerca de si es posible que ese crimen, tal como lo propuso el ex fiscal Mario Iguarán Arana, pase de ser considerado un homicidio agravado a un delito de lesa humanidad, académicos expertos en el tema miran con preocupación el inminente archivo por 20 años cumplidos, y proponen vías alternas que, más que revivirlo, permitan dar con los responsables de su archivo y, por ese camino, con quienes estuvieron detrás del homicidio.
"Todas las personas que estudiamos derecho penal debemos buscar fórmulas para que este tipo de delitos no prescriban y queden en el limbo de la justicia", señaló, por ejemplo, Iván Cancino, experto en derecho penal colombiano y decano de la Universidad Republicana.
Lesa humanidad
Basados en la persecución a los integrantes del llamado Nuevo Liberalismo y en los múltiples asesinatos que se dieron cerca del día en que fue muerto Galán Sarmiento (18 de agosto de 1989) el fiscal del caso trata de sustentar la teoría que abrió Iguarán.
Carlos Rodríguez Mejía, catedrático de la Universidad Santo Tomás y experto en derecho internacional, considera que esa alternativa es viable si se demuestra que se cumplen aspectos como que "el crimen se repita (asesinatos de varias personas) y se dé generalizada y masivamente (en grandes grupos y en diferentes partes)". Con ello -considera- se puede "deducir que hubo sistematicidad".
Un ejemplo de delito de violencia política al que aplica el caso de la lesa humanidad, consideró Rodríguez, es la extinción de la Unión Patriótica -UP-. "En este caso se dieron más de tres mil crímenes a lo largo y ancho del país, en una clara intención de exterminar ese grupo político", señaló.
Esta es la duda y el criterio a sustentar que tiene que resolver la Fiscalía en el caso Galán. Al respecto, tanto Rodríguez, como el ex presidente de la Corte Constitucional José Gregorio Hernández Galindo consideran que esa puerta no se puede abrir en el caso Galán.
Responsables
Rodríguez Mejía propone que las baterías de los investigadores se enfilen mejor hacia los responsables de la desviación de la justicia, pues en su criterio en este proceso hubo, a lo largo de 20 años, personas que con su proceder obligaron al archivo del caso.
Este concepto es plenamente compartido por el ex magistrado Hernández Galindo, quien calificó de "vergonzoso" el papel de la justicia. "En esto se ha presentado ineficacia e ineficiencia", añade el constitucionalista.
A estos llamados se suma Cancino. "Aunque el debate propuesto es claramente extemporáneo, es necesario que se analicen todas las salidas posibles para evitar que el proceso se hunda".
Justicia internacional
Otra probabilidad que hay en el aire está relacionada con la intervención en Colombia de tribunales internacionales como la Corte Penal Internacional -CPI- o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos -CIDH-. Por lo menos así lo ha dejado entrever el fiscal encargado, Guillermo Mendoza Diago.
"Si se considera que no es un genocidio prescribirá", dijo Mendoza, "otro camino sería el de las Cortes Internacionales, hasta donde se pueden llevar estos casos".
Esta postura fue cuestionada fuertemente por Rodríguez, Cancino y Hernández, para quienes la posible presencia de la CPI y la aplicación del Estatuto de Roma a raíz del caso Galán es un "imposible total, puesto que el crimen se dio muchos años antes de la entrada en vigencia de ese sistema penal internacional".
"El Estatuto de Roma rige hacia el futuro, nunca hacia atrás", considera Carlos Rodríguez, "cuando se cometió el asesinato esa herramienta internacional no existía, por lo cual no puede ser aplicada".
Por su parte, Cancino considera que lo que sí se podría hacer es "acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos -CIDH-". A pesar de esto, el penalista considera que lo único que se lograría por esa vía es "sentar un precedente, pero sin alcanzar la justicia".
De la misma manera, se abriría la posibilidad de que el Estado Colombiano fuera demandado.
"Lo que sí podría darse en este caso es la declaratoria de responsabilidad del Estado Colombiano por la impunidad que ha rodeado el caso", explicó José Gregorio Hernández.
El proceso hoy
En la actualidad, parte del proceso está en manos de Jorge Luis Quintero Milanés, magistrado de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, hasta donde la familia Galán llevó el caso, mediante un recurso de casación, en contra del fallo que absolvió a Alberto Santofimio Botero.
En este proceso intervino el seis de agosto pasado el procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, quien le pidió a la Corte Suprema que mantenga en pie la condena contra Santofimio y revoque la absolución del político tolimense, que fue decretada por el Tribunal Superior de Bogotá.
"Existe certeza sobre la participación de Alberto Santofimio Botero (…) pues intervino de manera directa y fundamental en la decisión de asesinar a Galán", dijo Ordóñez al atribuirle al delito "fines terroristas".
Lo cierto en este caso, tal como lo ha manifestado Mendoza Diago, es que la última palabra la tiene el fiscal específico: es él –dijo Mendoza- "quien evalúa los hechos y toma las decisiones pertinentes".
La Corte no está obligada a fallar antes del 18 de agosto el caso contra Santofimio (como sí pasa con el fiscal encargado), para evitar la prescripción. En la Corte el proceso está abierto y vigente y así se mantendrá hasta que se produzca el fallo final. Según el Procurador General, una posible preclusión en este punto se podría dar para el 2019, pero el caso no llegará hasta esa fecha.
Otra cosa pasa en la Fiscalía. Allí según Mendoza Diago "hay personas vinculadas a las que se les tiene que resolver su situación jurídica, eso -dijo- exigiría un pronunciamiento de fondo al respecto".
Se espera que antes del 18 de agosto se tengan noticias acerca de si el magnicidio de Luis Carlos Galán Sarmiento es considerado por el ente investigador un crimen de lesa humanidad o un homicidio agravado.
