En audiencia en el Palacio de Justicia se hizo la lectura pública del sentido del fallo condenatorio, quedando por tasar la pena que deberá cumplir el exministro conservador, quien, según confirmó su abogado, se encuentra de vacaciones con su familia.
Una vez se imponga la pena, que será privativa de la libertad pues así lo dispone el Código Penal, culminará la etapa judicial propiamente dicha de un proceso polémico, derivado del escándalo político en que terminó convirtiéndose un programa de ayuda y fomento a la agricultura, cuya concepción y finalidad eran objetivamente convenientes: Agro Ingreso Seguro (AIS).
Según el sentido del fallo condenatorio divulgado ayer, el entonces ministro Arias Leyva "incurrió en una falta penal al no celebrar licitación pública para la entrega de multimillonarios subsidios agrícolas, y en vez de esto le entregó esta competencia de manera directa al IICA".
Ésta última es una entidad de cooperación de la OEA, con largos años de actividad en el país y con la cual, según asegura el exmagistrado Jorge Aníbal Gómez Gallego, defensor de Arias, "han contratado todos los ministros de Agricultura de Colombia de los últimos 47 años". Si ello es así, la igualdad ante la ley exige que la Justicia no se limite a cobrar solo en cabeza del condenado ayer algo que ella misma considera ilícito. Deberá juzgar todos los contratos similares.
Además, para la Sala Penal de la Corte el exministro Arias era "plenamente consciente de la ilegalidad de su conducta", pues tenía control directo y conocimiento inmediato de todo el proceso de asignación de subsidios y de quiénes eran sus beneficiarios, varios de los cuales no cumplían los requisitos para acceder a ellos.
El caso de Agro Ingreso Seguro, y particularmente todo lo que ha tenido que ver con el exministro Arias, ha sido objeto de intensa polémica política, mediática y jurídica. Varios de sus funcionarios de confianza y colaboradores inmediatos durante su gestión en el Ministerio (2006-2009) están procesados o condenados, sea penal, disciplinaria o fiscalmente.
Hace justo tres años, en julio de 2011, la Procuraduría General sancionó a Arias Leyva con destitución del cargo e inhabilidad para el ejercicio de funciones públicas durante 16 años, también por las irregularidades contractuales en el programa AIS. La sanción está demandada de nulidad ante el Consejo de Estado.
Este año, la Contraloría General de la República declaró al exministro y a siete exfuncionarios suyos fiscalmente responsables por desvío de recursos, vicios en la contratación y, entre otras, por "no velar por el interés general".
Es decir, los pronunciamientos y decisiones de los órganos de control, de la Fiscalía y de la propia Corte hacen duros cuestionamientos a la gestión del exministro, especialmente en lo relativo a los subsidios y contratos de AIS.
El exministro se ha opuesto vigorosamente a todos los cargos y acusaciones. Sus familiares y simpatizantes políticos reivindican su honorabilidad personal y su valía profesional, y acusan sesgo político en todas estas condenas.
La justicia, no obstante, ha concluido otra cosa. El doctor Arias deberá acatar la decisión de la justicia, dolorosa para él, los suyos y el gobierno al que perteneció
ESTE ES UN FALLO POLITIZADO DENTRO DE UNA PERSECUCIÓN QUE VA A ARRECIAR
Por FRANCISCO SANTOS CALDERÓN
Exvicepresidente de la República (2002-2010)
Este es un fallo absolutamente injusto, absolutamente político. Lo que demuestra esta decisión es que la politización de la justicia es cada vez más grave, que la persecución contra el uribismo apenas comienza, puede arreciar y quién sabe qué se va a venir en el futuro.
Esto deja claro no solo la profunda crisis de la justicia, sino que lo que está pasando muestra la venezolanización del país, en la que a la oposición se le enjuicia, se le encarcela y se le cierran espacios democráticos.
Primero, Andrés Felipe obviamente pertenece a la oposición. Segundo, cuando vimos que todo el procedimiento de la Fiscalía durante Juan Manuel Santos y Viviane Morales era una evidente persecución política. Tercero, la actuación de la Corte Suprema, que deja mucho que desear, filtró el fallo dos días antes de la elección presidencial, demostrando su intencionalidad política. Las pruebas presentadas por la defensa ni las miraron. Puede que haya sido un juicio impecable en la forma, pero con un fallo anticipado. Ahí podría haber testificado Jesucristo, y eso no habría importado, pues se condujo como un proceso estalinista, con fallo decidido de antemano.
Aquí la Corte lo que dijo al Presidente es “mire lo que podemos hacer por usted si no nos reforma, no nos toque”.
