Luego de una reunión en la Casa de Nariño con los ponentes de la Ley de Víctimas, el Gobierno aceptó que las personas atropelladas por parte de agentes del Estado sean incluidas en el texto de la iniciativa.
Sin embargo, dejó claro que será necesaria la muestra de pruebas sumarias y no administrativas para que exista la reparación.
Esto quiere decir que el denunciante deberá presentar pruebas diferentes a su testimonio para demostrar la culpabilidad del Estado, ya sea un testigo o una investigación de prensa sobre el hecho.
El coordinador de ponentes, el representante Guillermo Rivera, le dijo al presidente Álvaro Uribe que consultará la propuesta con las asociaciones de víctimas y al autor de la iniciativa, Juan Fernando Cristo, para entregar una respuesta.
Luego de esas reuniones, Rivera dijo que "si bien es un avance, discrimina a un sector de víctimas y en ese sentido es violatoria del principio de igualdad y por eso le decimos al Gobierno que no la aceptamos", aunque todavía falta la voz del senador Cristo.
Entre los beneficios de la ley están la reducción en los tiempos de las sentencias para la reparación y el apoyo gratuito de parte de un defensor, que se perderían con la propuesta del Gobierno.
En la reunión estuvieron los ministros del interior, Fabio Valencia Cossio y el de Hacienda, Óscar Iván Zuluaga. El Presidente estuvo de acuerdo con los ponentes en algunos momentos y solicitó constantemente asesoría jurídica sobre los tratados internacionales.
Los ponentes esperan que hoy se vote la propuesta. Según el representante River Franklin Legro, "estos son delitos que afectan el derecho internacional humanitario y los derechos humanos que el Estado reconoció en los tratados internacionales".
Ayer estaba citada la comisión Primera para tratar el tema pero la reunión se aplazó para hoy, día en el que se definirá la suerte del proyecto en la Cámara.
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