La seguridad de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), algunos de los cuales han denunciado amenazas, se financiará con tres millones de dólares incautados a narcotraficantes, anunció ayer el presidente Álvaro Uribe Vélez en una reunión en Bogotá.
El mandatario hizo el anuncio tras reunirse durante 40 minutos con el presidente de la CSJ, Augusto Ibáñez; el vicepresidente, Jaime Arrubla, y el ministro de Interior y de Justicia, Fabio Valencia Cossio, para analizar esas amenazas.
Los recursos saldrán de los 28 millones de dólares que fueron incautados al narcotráfico en el puerto de Buenaventura (Valle) desde hace dos semanas, confirmó la Presidencia de la República en un comunicado oficial.
El ministro Valencia Cossio le entregó una carta a Ibáñez en la que se confirma que el Consejo Nacional de Estupefacientes dispuso destinar esos dineros al fortalecimiento de la protección de los magistrados y sus familias.
Mientras se lleva cabo la extinción de dominio (expropiación definitiva), los tres millones de dólares se tomarán del presupuesto de 2010, a manera de crédito.
Valencia Cossio agregó que su despacho se mantiene en comunicación con la Policía para seguir tomando las medidas necesarias en pro de mejorar los esquemas de seguridad de los integrantes de la CSJ y sus familias.
Las instituciones judiciales del país urgieron a finales de agosto al presidente Uribe a que revise y fortalezca los "mecanismos de seguridad y protección" de los magistrados que han sido amenazados.
Las amenazas alcanzan al presidente y al vicepresidente de la CSJ, Augusto Ibáñez y Jaime Alberto Arrubla, respectivamente, así como a las familias de ambos.
Ese Tribunal ha recordado que estas amenazas se unen a anteriores contra otros siete magistrados y a seguimientos e interceptaciones de sus teléfonos, en particular de los responsables de la Sala de Casación Penal.
La CSJ y el Gobierno han sostenido varios enfrentamientos desde que el tribunal comenzó a investigar, e incluso condenó, a varios congresistas del oficialismo por sus nexos con los paramilitares.
El último fue a finales de septiembre cuando el Ejecutivo anunció que no modificará la terna de candidatos que envió a la Corte para la elección del Fiscal General de la Nación, en respuesta a la determinación de ese tribunal que consideró "no es viable" la terna de nombres propuesta por el Gobierno.
Respaldo del Presidente
Tras la reunión, el presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, reafirmó su compromiso con las altas cortes y sostuvo que su deseo es que las instituciones no se deterioren.
"Yo les hice con espontaneidad, con franqueza unas preguntas; ellos me contestaron con franqueza. Les propuse unas iniciativas; las están considerando. El diálogo seguirá", sostuvo Uribe.
El primer mandatario, también expresó que "los colombianos pueden tener la certeza que en las manos de este Gobierno las instituciones no se van a deteriorar. Vamos a hacer todo lo contrario, fortalecerlas, como las hemos fortalecido en estos siete años de Gobierno".
De otro lado, se conoció que seis magistrados de la CSJ viajarán hoy a Washington (Estados Unidos) para cumplir la cita que tienen el lunes con los altos funcionarios judiciales de ese país.
El viaje se hará para formalizar aspectos que permitan agilizar la cooperación entre ambos países, especialmente, para optimizar lo que tiene que ver con la ley de Justicia y Paz, y las versiones que desde ese allí están entregando los paramilitares extraditados.
En la reunión, el debate del rechazo de la terna propuesta por el Presidente para la Fiscalía General de la Nación quedó aplazado para la semana entrante.
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