Hace dos años que no se decretan alertas tempranas por parte de la Defensoría del Pueblo, para los municipios de Antioquia, lo cual sería un muy alentador si los índices de violencia, criminalidad y muerte no se hubieran disparado.
Medellín fue el último municipio al que se le decretó una alerta temprana en 2007 por la situación de orden público en la Comuna 13. Ya en 2006 había sido decretada otra alerta temprana en la ciudad por la vulnerabilidad de las Ong defensoras de derechos humanos frente a los grupos armados.
Desde entonces, los homicidios se han incrementado y pasaron de 771 en 2007 a 1.044 en 2008, y a 1.405 hasta el 15 de septiembre pasado.
Según funcionarios judiciales, como van las muertes, para finales de este año se habrá cruzado la barrera de los 2.000 asesinatos en la ciudad, una cifra similar a la de 2003 (1.936 homicidios) cuando los grupos paramilitares aún no se habían desmovilizado.
Además de Medellín, otra alerta temprana que se emitió en Antioquia hace dos años fue para los corregimientos de Cedeño, El Cedro y El Pueblito, de Yarumal, por presencia y amenaza de las Farc contra habitantes de estas localidades.
Después de esto ya no se decretaron más alertas tempranas aunque algunas poblaciones siguen tan amenazadas como antes.
No se miran las causas
El Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría regional, ha emitido informes de riesgo en busca de que se eleven las alertas para proteger a los habitantes de municipios como Cáceres, Caucasia, Zaragoza, El Bagre, Nechí, Tarazá, Valdivia y Briceño, por la presencia de grupos armados ilegales como guerrilla, paramilitares y bandas emergentes, entre ellas las llamadas Águilas Negras y Los Paisas.
En estas localidades el riesgo recae sobre las poblaciones de 183 veredas y 23 comunidades indígenas.
Pero el CIAT (Comité Interinstitucional de Alertas Tempranas, conformado por la Vicepresidencia, los ministerios de Interior y Defensa, y Acción Social), se ha negado a declarar las alertas, entre otras razones, porque ya se han tomado medidas para bajar los índices de violencia, sobre todo en el caso del Bajo Cauca donde recientemente fue creado el Centro Fusión, una alianza de instituciones para llevar la gobernabilidad a la región.
Sin embargo, para las comunidades los problemas siguen empeorando y las amenazas creciendo. En Cáceres, por ejemplo, la Administración Municipal ha dejado claro que la presencia de Fuerza Pública no garantiza la tranquilidad y que el Centro Fusión no está abordando las causas del conflicto.
"El Ejército no va a permanecer en el lugar el tiempo que requieren los campesinos para seguir haciendo sus actividades. El problema más grave que tenemos es el de las tierras. (A los campesinos) les prenden las casas, les mueven los alambrados, no los dejan cultivar", dice Jairo Eliécer Céspedes, secretario de Gobierno local.
Por el contrario, para Gregorio Mejía, el gerente del Centro Fusión "de acuerdo con lo que dice el Comité, hasta el momento no es necesaria una alerta temprana. Hasta ahora estamos trabajando en los temas y puntos que se trataron en el Comité. Estamos coordinando temas de seguridad con el Ejército y la Policía".
De todas maneras, y a pesar de que el CIAT no ha elevado ninguna alerta para Antioquia en los últimos dos años, los analistas del SAT, de la Defensoría, siguen elaborando los informes de riesgo y alertando sobre la vulnerabilidad de las comunidades en el departamento.
Por ello, actualmente el SAT estudia el borrador de un informe de riesgo para once comunas de Medellín, Itagüí y Bello.
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