Las contradicciones entre el gobierno venezolano y el empresariado, en especial el comercio de grandes superficies, y la crisis económica siguen en aumento y ahora alcanzan los ribetes de un conflicto atravesado incluso por la mano militar.
Los comerciantes alegan tener que lidiar con un mercado cambiario inestable, restringido y desfavorable, pero el presidente Nicolás Maduro los califica de burgueses “parásitos”, “virus”, “chupasangres” y “termitas del mal”. Entre tanto, crecen los vientos de depresión en una economía en la que, en los últimos 12 meses, la inflación alcanzó el 45,8% y los salarios se desvalorizan velozmente.
Para enfrentar la situación, el Gobierno de Maduro logró pasar en la Asamblea Nacional la primera discusión de la Ley Habilitante, que le permitirá, al Presidente, legislar durante un año a partir de la próxima semana. Entre ceja y ceja, el mandatario tiene el objetivo de estrechar al límite los márgenes de utilidad en la venta de artículos en hipermercados y en sectores clave como los repuestos de automotores, la zapatería e incluso los juguetes.
Las declaraciones de Maduro, que ya se prepara para emitir sus “leyes de choque”, son de hostilidad permanente: “le vamos a ver el hueso a esta burguesía parasitaria”. Casi ufanándose por los resultados, sentenció que “tenemos a más de 100 burgueses tras las rejas en este momento”. Ante la persecución, muchos empresarios han escogido la clandestinidad e incluso el exilio.
Aunque en Venezuela ya existe la Ley de Costos y Precios Justos, Maduro se propone aplicar otra nueva medida: la ley de costos, ganancias, precios y otros eventos económicos. “En esa ley -advierte- vamos a regular las ganancias”.
Los mayoristas y los hipermercados afrontan una “ofensiva económica” que produjo la ocupación de tiendas donde la mercancía fue confiscada y casi de inmediato puesta en venta con descuentos de entre el 50% y 70%. Los televisores y las neveras son objetivo prioritario del Órgano Superior para la Economía Popular, cuyo jefe es el general del Ejército Herbert García Plaza. “Tenemos que garantizar que todo el pueblo venezolano tenga un plasma”, aseguró Nicolás Maduro.
Desde el mismo oficialismo chavista llueven críticas porque encuentran en esta actitud un contenido consumista propio del “capitalismo salvaje y neoliberal”. Pero la gente no deja de agolparse en las tiendas, ya sea para recibir los beneficios de los descuentos “controlados” por los militares o para imponerse con presiones y fuerza sobre los empleados. Citado por el diario El País de España, el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social confirmó que entre el 9 y 13 de noviembre hubo 9 saqueos y 30 intentos más.
Esa palabra (SAQUEO) se ha vuelto casi impronunciable en los medios informativos. Para evitar sanciones del gobierno, la TV y la radio venezolanas se autocensuran y la evitan. El discurso informativo, su lenguaje, está lleno de eufemismos y a pesar de los robos y de los destrozos recientes, casi ningún noticiero ni periodista emplea el vocablo.
Los ánimos están al rojo. La crisis económica venezolana (en un país que importa el 96% de lo que consume) es creciente. Maduro sostiene que sus poderes excepcionales pretenden frenar la corrupción y la especulación, pero los análisis internos y externos señalan que el modelo chavista y poschavista está haciendo agua. El asunto es que desde donde se le mire, Venezuela parece que verá cumplir la amenaza de su presidente: “Que no quede nada en los anaqueles”.
LA LEY HABILITANTE NO ES PARA EXCESOS DEL EJECUTIVO, EL EXCESO ERA EL DEL COMERCIO
Por CLAUDIO FARÍAS
Diputado a la Asamblea Nacional de Venezuela
La Ley Habilitante no será para facilitar excesos del Ejecutivo. Los excesos eran de los comerciantes especuladores o corruptos. La medida es para controlar las ganancias. Se va a establecer un mercado decente, regulado, y no favorable a ningún superpoder o abuso.
Las medidas tomadas frente a algunos comerciantes son correctas y justas, incluso esperadas por la población, de lado y lado, de los que apoyan el gobierno de Nicolás Maduro y los que no. No se trata de una retaliación política ni contra grupos económicos en particular.
Había precios de especulación exagerada, hasta del 800%, y por lo tanto era necesario que el Gobierno atacara esos sobreprecios, comprobados en empresas que reciben dólares preferenciales. Una ganancia justa no debe exceder, por mucho, el 30%. No más de eso. Además, se garantiza la reposición de la mercancía a los intervenidos.
En la calle hay un sentimiento de respaldo y de alegría. Ahora la gente compra, porque antes no podía.
No es cierto que la palabra saqueo esté proscrita. Un término no se puede eliminar del lenguaje informativo. El Gobierno y la Asamblea estamos en contra del saqueo, de la violencia, de los desórdenes. Hay grupos interesados en desestabilizar y eso lo vamos a castigar. Esperamos, eso sí, imparcialidad y equilibrio informativos.
