Con tristeza y vergüenza recibimos esta semana la noticia del segundo lugar que ocupa Colombia en el mundo en cuanto al número de personas desplazadas, superado tan sólo por Sudán. Las cifras entregadas por el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados, Antonio Guterres, de tres millones de desplazados en 2007, nos alarman profundamente y merecen la solidaridad de todos los colombianos, así como la acción contundente del Estado.
Si bien hay discusión con relación a las cifras por cuanto el Gobierno reconoce una suma inferior, 2 millones 500 mil 962 colombianos desplazados, lo cierto es que ambas cifras, las del Ejecutivo y la ONU, son supremamente altas, hecho frente al cual hay que tomar medidas urgentes para devolverles lo más pronto posible la dignidad a quienes sufren el dolor del destierro.
El conflicto armado ha sido una de las causas principales del desplazamiento: la población civil ha sido atacada por los violentos y en muchos casos es objetivo bélico, obligando a estas víctimas de la guerra a huir de los lugares donde habitualmente viven, abandonando a la fuerza sus bienes más preciados y dejando atrás toda una historia de vida y esperanzas, para deambular por caminos desconocidos, marcados por la incertidumbre y en muchas ocasiones por el rechazo social.
El gobierno colombiano es consciente de su responsabilidad social frente a este drama humano. Planeación Nacional y Acción Social cuentan en el presente año con más de un billón 80 mil millones de pesos para atender a la población desplazada, suma importante pero que no alcanza a cubrir las necesidades de salud, vivienda, educativas y laborales, que demandan cerca de tres millones de compatriotas signados por la violencia de nuestro conflicto.
Las personas más vulnerables por el proceso migratorio forzado son los niños, las madres cabeza de familia y los ancianos, quienes ven deteriorados en forma grave su salud, alimentación, educación y acceso al mercado laboral: la desnutrición y los problemas respiratorios; la pérdida de la vivienda que tenían en su municipio de origen y la dificultad para adquirir otra en el nuevo lugar de recepción; el abandono del estudio y las complicaciones para vincularse a actividades productivas y laborales, son la constante en los miles de colombianos que recorren el territorio nacional tratando de echar nuevas raíces para reemplazar las que en forma violenta e injusta les fueron cercenadas por los actores armados ilegales.
Por desgracia, Antioquia es el departamento de Colombia que más desplazados recibe, 344.801 y el que más expulsa o genera, 390.164, estadísticas a marzo 30 de este año. Y en Medellín la suma de desplazados recibidos es de 106.518 y la de expulsados de 13.708.
Más que un problema de números, el desplazamiento forzado es un asunto de dignidad humana, que le crea a la sociedad colombiana la demanda ética de encontrar soluciones estructurales para combatir el problema del desplazamiento y mitigar los efectos inhumanos del desarraigo.
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