La captura, por primera vez, de un gobernador acusado de comprar votos para asegurar su elección, pone de manifiesto el riesgo que aún permanece latente en vísperas de los comicios del próximo 30 de octubre.
El implicado es el hasta hace unas semanas mandatario de Guainía, Iván Vargas Silva, a quien la Corte Suprema le dictó orden de detención por el delito de corrupción al elector, en hechos ocurridos en 2007, cuando el funcionario compró los votos de algunas comunidades indígenas para asegurar su elección.
Según el Alto Tribunal, Vargas Silva pagó entre 20 y 50 mil pesos por sufragio.
El exmandatario fue capturado y la Corte le concedió el beneficio de la detención domiciliaria, pese a que en varias ocasiones había burlado la acción de la justicia para poder posesionarse y adquirir el fuero que impedía la acción de la Fiscalía.
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