Se quejan algunos ministros y otros altos funcionarios gubernamentales de las dificultades que las consultas previas añaden a la realización de grandes proyectos de infraestructura y al trámite de ciertas leyes importantes.
La consulta previa la consagró la Constitución de 1991 para protección de los derechos de las minorías étnicas, y se ha ampliado a través de instrumentos internacionales incorporados por Colombia a su legislación interna.
Adicionalmente, mediante sentencias de la Corte Constitucional se ha obligado su realización como derecho fundamental de las minorías étnicas y se ha ordenado suspender proyectos o inaplicar leyes que no se sujetaron a ese trámite.
Una Directiva Presidencial de marzo de 2010 establece los casos -once, sin ser un listado definitivo- en que es obligatoria la consulta previa, desde el trámite de proyectos de ley que "directa o indirectamente afecten a los grupos étnicos nacionales", pasando por los proyectos de exploración y explotación de recursos naturales, minerales, régimen de tierras, erradicación de cultivos ilícitos, formación profesional, hasta medidas de salud pública y enseñanza de leer y escribir.
Por supuesto, la finalidad que tuvo la Constitución y que han reforzado el legislador y las altas cortes es de protección a grupos étnicos que, de otra manera, podrían verse atropellados o incluso arrasados ante grandes proyectos de explotación económica que, al no encontrar mayores cortapisas, buscan una rentabilidad asegurada por sobre la protección al patrimonio cultural, antropológico y étnico de estas comunidades.
Por eso hay que oírlas. Y que se manifiesten libre, razonada y democráticamente cuando consideren que la legislación y las grandes obras de infraestructura las afectan.
Pero, como ocurre siempre que un sector de la población exige para sí el respeto de un derecho fundamental, éste puede entrar en pugna con los derechos reconocidos a otros. En definitiva, es el diferendo no resuelto entre el interés general y las pretensiones -justas o no- de las minorías que reclaman protección.
Y aquí los problemas no se limitan a lo filosófico y lo jurídico, sino que desde el punto de vista logístico se ha vuelto un reto inmanejable para el gobierno.
El ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, ha alzado la voz en su queja por lo que estas consultas previas implican de atraso, más que de avance. Y la ministra de Transporte, Cecilia Álvarez, ha ilustrado con ejemplos concretos las grandes obras que están paradas por consultas previas pendientes o mal hechas. Como si ya no tuviéramos suficiente con los contratistas incumplidos y los carteles de la contratación.
La reglamentación de estas consultas previas corresponde al Ministerio del Interior. Al titular de esta cartera ya se le va tanto tiempo resolviendo la casuística de las consultas como en promover la agenda política del gobierno.
Es hora, entonces, de que se encare de una vez esta tarea pendiente. Hace un año, el Ministerio del Interior anunciaba la reglamentación. Y seguimos en las mismas. O peor.
El desarrollo del país está en juego. Nadie aboga por desatender a los grupos étnicos. Pero hay proyectos que hay que hacer, leyes que aprobar y vías que terminar que no pueden estancarse por procesos de consulta que por mal manejados enredan todo hasta el infinito.
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