La transición entre los gobiernos de Gustavo Petro y Abelardo De la Espriella abrió una nueva controversia alrededor de la Agencia de Desarrollo Rural (ADR).
El ministro de Agricultura designado, Indalecio Dangond, anunció una revisión de contratos de la entidad que superarían los $250.000 millones, mientras su actual presidente, César Augusto Pachón Achury, permanece al frente de la Agencia.
El anuncio se produjo este sábado 8 de agosto, después de que la ADR habilitara excepcionalmente esta fecha como día hábil administrativo para adelantar actuaciones misionales, presupuestales, precontractuales, contractuales y poscontractuales.
La decisión quedó consignada en la Resolución 407 del 6 de agosto de 2026, firmada por Pachón. Dos días después, el funcionario también suscribió la Resolución 408, mediante la cual declaró insubsistente al vicepresidente de Gestión Contractual, Jhon Kennedy Wilchez Carreño.
Dangond visitó las instalaciones de la ADR y expresó reparos frente a las actuaciones que encontró en la entidad durante el proceso de transición.
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ADR habilitó el sábado 8 de agosto como día hábil
La Resolución 407 estableció de manera excepcional que el sábado 8 de agosto sería día hábil administrativo en la Agencia para adelantar diferentes actuaciones relacionadas con su funcionamiento.
El acto administrativo incluye actividades misionales, administrativas, presupuestales, precontractuales, contractuales y poscontractuales, con especial énfasis en los procesos relacionados con los Proyectos Integrales de Desarrollo Agropecuario y Rural con Enfoque Territorial, conocidos como Pidar.
Según la ADR, la decisión buscaba evitar afectaciones en los cronogramas y garantizar la continuidad de procesos sometidos a términos legales, presupuestales o contractuales.
La entidad explicó que la jornada adicional no modificaba, suspendía ni ampliaba los términos legales de los procesos en curso. Tampoco cobijó la atención al ciudadano, el control interno disciplinario ni la gestión de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias.
La resolución también permitió que los funcionarios involucrados en algunas de estas actividades trabajaran desde sus hogares mediante herramientas tecnológicas.
La ADR sustentó la medida en los principios de eficacia, economía, celeridad, coordinación y continuidad de la función administrativa.
Nuevo ministro cuestionó las actuaciones de la ADR
La habilitación del sábado generó reparos del nuevo ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, quien acudió a las instalaciones de la Agencia para conocer de primera mano las actividades que se estaban adelantando.
En declaraciones conocidas por Noticias RCN, Dangond manifestó estar “muy impresionado” por las actuaciones que encontró en la entidad en medio de la transición administrativa.
“Mientras nosotros nos estábamos posesionando en Cali, el señor Pachón, a través de un acto administrativo, estaba declarando el sábado 8 de agosto como día hábil”, afirmó el funcionario.
El ministro también cuestionó algunos procesos contractuales de la Agencia y anunció que serán revisados. Según Dangond, existen contratos que le generan preocupación por el monto de los recursos involucrados y por las entidades y proyectos relacionados con ellos.
Entre los procesos mencionados aparecen algunos vinculados con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), incluyendo uno que tendría un valor cercano a $70.000 millones para una planta de sacrificio porcino, otro por alrededor de $190.000 millones y uno adicional por $30.000 millones para Casanare.
Estos señalamientos deberán ser contrastados mediante la revisión de los respectivos expedientes contractuales. Los cuestionamientos planteados por el ministro, por sí solos, no constituyen una conclusión oficial sobre la existencia de irregularidades.
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ADR cambió al vicepresidente de Gestión Contractual
En medio de la controversia, Pachón firmó el 8 de agosto la Resolución 408, mediante la cual declaró insubsistente el nombramiento de Jhon Kennedy Wilchez Carreño como vicepresidente de Gestión Contractual.
Wilchez había llegado al cargo el 23 de julio de 2026 y su salida tendrá efectos a partir del 10 de agosto. La resolución establece que ejercerá sus funciones hasta el 9 de agosto.
El documento señala que se trata de un cargo de libre nombramiento y remoción y que la decisión fue adoptada en ejercicio de la facultad discrecional del nominador.
La ADR sustentó jurídicamente la decisión en la Ley 909 de 2004 y en disposiciones del Decreto 1083 de 2015, modificado por el Decreto 648 de 2017, además de jurisprudencia de la Corte Constitucional relacionada con la remoción de funcionarios de libre nombramiento y remoción.
Un punto relevante es que la Resolución 408 no establece que la salida de Wilchez esté relacionada con contratos o procesos específicos. Por ello, cualquier versión que atribuya su retiro a una supuesta negativa frente a determinadas actuaciones contractuales debe considerarse, por ahora, como una afirmación no acreditada en el acto administrativo.
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Eliana Zambrano asumirá Gestión Contractual
La misma resolución encargó a Eliana Teresa Zambrano Almansa, actual vicepresidenta de Proyectos, de las funciones de la Vicepresidencia de Gestión Contractual a partir del 10 de agosto.
La funcionaria mantendrá simultáneamente las responsabilidades propias de su cargo titular en la Vicepresidencia de Proyectos.
Según la ADR, Talento Humano verificó que Zambrano cumple los requisitos exigidos para asumir el encargo.
El movimiento se produce precisamente cuando la Agencia mantiene abiertos procesos contractuales y administrativos que ahora serán objeto de revisión por parte de la nueva administración.
Pidar y contratos con la Ungrd, bajo la lupa
Uno de los focos de atención son los Proyectos Integrales de Desarrollo Agropecuario y Rural con Enfoque Territorial (Pidar) que adelanta la Agencia.
También está bajo seguimiento la publicación en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (Secop) de una convocatoria relacionada con un convenio entre la ADR y la Ungrd.
Entre los proyectos mencionados aparecen iniciativas relacionadas con una planta de beneficio y otros procesos en Casanare que, en conjunto, representarían cerca de $100.000 millones.
Alrededor de algunos de estos proyectos han surgido cuestionamientos sobre la ejecución de obras en predios particulares y sobre la correspondencia de determinados esquemas territoriales.
Sin embargo, estas afirmaciones requieren una revisión documental y técnica de cada expediente. Con la información disponible no es posible establecer que esos proyectos presenten irregularidades.
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