En la acusación contra Alex Nain Saab Moran, o ‘indictment’, para la justicia norteamericana en el Distrito Sur de Florida, se responsabiliza al testaferro barranquillero de conspiración para lavar dinero con los cajas del programa CLAP del régimen de Nicolás Maduro desde 2015. Saab fue deportado por Venezuela este fin de semana.
EL COLOMBIANO conoció el radicado en dicha corte desde el pasado 14 de enero. En el mismo se lee que Saab está acusado junto con “otros conspiradores corrompieron el programa de bienestar público venezolano conocido como CLAP (Comité Local de Abastecimiento y Producción)”.
Es señalado de “pagar sobornos a funcionarios públicos venezolanos para obtener contratos lucrativos de importación de alimentos bajo falsos pretextos”, además de “utilizar empresas fantasma, facturas falsas y registros de envío fraudulentos para desviar cientos de millones de dólares destinados originalmente a la compra de comida para ciudadanos venezolanos necesitados”.
En el documento se lee también que para las autoridades norteamericanas Alex Saab y otras personas (cuyos nombres no revelan), con el programa CLAP, “planearon y ejecutaron un esquema elaborado para enriquecerse a sí mismos y a sus asociados, incluyendo individuos en el área de Miami”.
El medio Talcualdigital.com, que ha investigado las movidas de Alex Saab con el régimen de Venezuela, la nueva acusación tiene un solo cargo, a diferencia del expediente de 2019, que tenía ocho.
“El documento también cambia el foco: ya no apunta al contrato de viviendas, sino a un presunto esquema con alimentos del CLAP y petróleo de Pdvsa”, dio a conocer el portal de investigación.
Para la justicia de EE. UU., se trataría de conspiradores que “pagaron sobornos a funcionarios públicos venezolanos y se les adjudicaron lucrativos contratos del CLAP por parte del gobierno venezolano para importar alimentos bajo falsos pretextos, incluso desde Colombia y México”.
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Para la corte de Florida que lo investiga, Saab en lugar de cumplir con los contratos del programa de alimentos bandera del Chavismo, habría utilizado “empresas falsas, facturas falsas, registros de envío falsos, otros documentos fraudulentos, y sobornos y comisiones ilícitas para desviar cientos de millones de dólares para sí mismos que debían ser utilizados para la compra de alimentos para venezolanos necesitados”.
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Para Estados Unidos, algunos de los ingresos ilegales habrían sido gastados u ocultados a las autoridades mediante transferencias de los fondos ilícitos a través de cuentas bancarias en ese país.
2019, año clave para la acusación actual contra Saab
Hacia el año 2019, se lee en la acusación de EE. UU. a Alex Saab, la “conspiración experimentó una evolución estratégica como respuesta directa a las sanciones económicas impuestas por los Estados Unidos”, las cuales paralizaron las exportaciones venezolanas (especialmente de crudo).
Estas medidas “afectaron la capacidad del gobierno para cumplir con sus deudas externas, incluidas las contraídas con las empresas de suministro de alimentos controladas por los conspiradores”.
Es por eso que, ante la imposibilidad de recibir pagos convencionales por el programa CLAP, los acusados habrían utilizado su “influencia corrupta y acceso directo a altos funcionarios” para acceder y comercializar miles de millones de dólares en petróleo propiedad de Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) bajo falsas pretensiones.
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“Los ingresos de estas ventas ilegales de crudo se canalizaron a través de cuentas bancarias en los Estados Unidos con el fin de sostener y financiar el ciclo de corrupción original de los CLAP, creando un flujo de capital ilícito que permitía la continuidad del esquema a pesar de las presiones financieras internacionales”, según la acusación de las autoridades norteamericanas.
En ese contexto, y de acuerdo con lo planteado por el medio Talcual.com, la principal diferencia entre el ‘indictment’ de 2019 y el de 2026 radica en el objeto del esquema de corrupción y la complejidad legal.
Mientras que la acusación de 2019 se centraba en un contrato de viviendas de interés social (“petrocasas”) de 2011, la de 2026 cambia el foco hacia el programa de alimentos CLAP e incorpora una fase nueva relacionada con la presunta venta ilegal de petróleo de PDVSA para sostener dicho esquema ante las sanciones.
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En términos procesales, el expediente de hace siete años contenía ocho cargos y 14 páginas con detalles minuciosos de siete transferencias bancarias específicas a cuentas en Florida, mientras que el de 2026 se reduce a un solo cargo de conspiración para lavar dinero en apenas cinco páginas, sin enumerar transacciones individuales ni cuentas bancarias concretas.
Asimismo, el marco legal ha variado, ya que la nueva acusación omite la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) citada anteriormente, basándose ahora en fraude electrónico y delitos contra Venezuela, y mantiene bajo reserva los nombres de los co-acusados que en 2019 incluían explícitamente a Álvaro Pulido Vargas, empresario colombiano señalado junto a Alex Saab en esas andanzas corruptas de hace varios años.
El delito por el que es acusado Alex Saab
Bajo el cargo de conspiración para lavar instrumentos monetarios (Conspiracy to Launder Monetary Instruments, en inglés), las autoridades alegan que los hechos investigados ocurrieron en los condados de Miami-Dade, Palm Beach y Broward, en la jurisdicción del Distrito Sur de Florida.
Según la acusación, Saab y los implicados habrían participado en una serie de operaciones financieras destinadas a ocultar y disfrazar la naturaleza, origen, ubicación, propiedad y control de fondos provenientes, supuestamente, de actividades ilícitas.
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Las autoridades sostienen que dichas transacciones habrían sido hechas con pleno conocimiento del origen ilegal de los recursos.
Asimismo, la investigación señala presuntas “transferencias internacionales de fondos e instrumentos monetarios” entre Estados Unidos y el extranjero, incluyendo movimientos desde territorio estadounidense hacia otros países y viceversa, con el propósito de promover actividades ilícitas especificadas.
Adicionalmente, se alega la “participación consciente en transacciones financieras que afectaron el comercio interestatal y exterior, involucrando bienes derivados de actividades criminales por montos superiores a 10.000 dólares”.
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