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Las empresas de servicios temporales, que vinculan cerca de 500.000 trabajadores al año y movilizan alrededor de $15 billones, quedaron en el centro del debate tras la expedición del Decreto 581 de 2026. Acoset sostiene que la norma fortalece esta figura y concentra las sanciones en los modelos de tercerización que incumplen la legislación laboral.
La entrada en vigencia del Decreto 581 del 5 de junio de 2026, expedido por el Ministerio del Trabajo, abrió un nuevo capítulo en la regulación de la tercerización laboral en Colombia.
La norma endurece la vigilancia y las sanciones contra los esquemas de intermediación ilegal, con multas que pueden llegar hasta 5.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, pero también dejó inquietudes entre trabajadores y empresas sobre el futuro de las empresas de servicios temporales.
Sin embargo, para Miguel Pérez García, presidente de la Asociación Colombiana de Empresas de Servicios Temporales (Acoset), buena parte de la controversia nace de una interpretación equivocada del decreto. Asegura que la norma no elimina ni restringe la operación de las...