El sistema de salud de las Fuerzas Militares y sus familias registraría un déficit de unos 960.000 millones de pesos que vendría del gobierno de Gustavo Petro.
Según informó Noticias RCN, la cifra del documento correspondería a la deuda proyectada con corte al 31 de diciembre de 2026.
Para la sanidad militar, el déficit priorizado; es decir, urgente de cubrir, ascendería a casi un billón de pesos. Esto comprometería la atención en salud de los uniformados y sus familias. Según el reporte, se habría ejecutado cerca del 60% del presupuesto, pero gran parte de los recursos habrían sido comprometidos por el gobierno Petro.
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Crisis presupuestal en la Caja de Retiro de las FF. MM. y la Policía
El documento señalaría que entidades como la Caja de Retiro de las FF. MM. habrían solicitado una adición presupuestal para cubrir gastos de funcionamiento. Además, ante el Ministerio de Hacienda se habría gestionado una modificación por $22.606 millones, destinada principalmente a personal y operación.
Desde la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes también habrían expresado su preocupación por la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, que enfrentaría un déficit elevado, de más de $809.000 millones.
“El gobierno de Abelardo de la Espriella recibió un presupuesto mal hecho, mal elaborado y falso del gobierno de Gustavo Petro. Además, se notan los malos manejos del tema fiscal en el país”, dijo el representante Simón Molina, del movimiento Creemos, del alcalde de Medellín Federico Gutiérrez.
Por su parte, el gobierno De la Espriella ha dicho que recibió un presupuesto “mal hecho y falso” del gobierno de Gustavo Petro, lo que agravaría la situación fiscal del sector defensa y de otros.
Aumento de grupos armados e impacto en la Paz Total
La situación se presenta en un contexto marcado por el aumento de la presencia de grupos armados ilegales tras la fallida política de “paz total”, y un nuevo Gobierno que ha prometido priorizar los temas de seguridad y defensa. Según un informe de la Fundación Ideas para la Paz, los grupos criminales crecieron un 90% en el marco de esa política.
Además, la Contraloría ha calculado cerca de 1,16 billones asociados a posibles detrimentos patrimoniales en los recursos destinados a la implementación del Acuerdo de Paz y a la política de Paz total.
La noticia llega en un nuevo Gobierno que ha prometido hacer de la seguridad una de sus prioridades. ¿Lo será también para el sistema de salud de quienes hacen parte de las Fuerzas Militares y sus allegados?
Recortes al Presupuesto General de la Nación de 2027 y la JEP
Los recortes y la falta de plata se presentarían en diferentes entidades. Es el caso de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), de la que el Gobierno quiere trasladar $100.000 millones hacia la justicia ordinaria. Concretamente, hacia el Consejo Superior de la Judicatura. Otras entidades que tendrían reducciones en inversiones frente a 2026 incluyen a la Presidencia y los Ministerios de Minas y Energías, Deporte, Agricultura, entre otros.
Por ahora, las Comisiones Económicas del Congreso aprobaron el monto global de $634,9 billones para el Presupuesto General de la Nación de 2027, mientras el Gobierno De la Espriella pretende recortar $45 billones mediante su propuesta de Ley de Rescate Económico o Ley de Ajuste Fiscal.
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Bloque de preguntas frecuentes
- ¿A cuánto ascendería el déficit de la sanidad militar en Colombia?
- De acuerdo con proyecciones recopiladas en informes oficiales a diciembre de 2026, el hueco fiscal en el sistema de salud de las Fuerzas Militares se calcularía en unos 960.000 millones de pesos.
- ¿Qué otras entidades de las FF. MM. registran faltantes presupuestales?
- La Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional (Casur) proyectaría un déficit superior a $809.000 millones, mientras que la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares ha requerido modificaciones presupuestales para operar.
- ¿Cómo afectaría el déficit de la salud militar a los miembros de las Fuerzas Militares y sus familias?
- La falta de recursos podría poner en riesgo la continuidad de algunos servicios de salud, la contratación con prestadores médicos y el cumplimiento oportuno de obligaciones financieras del sistema. Las autoridades deberán definir mecanismos para cubrir el faltante y garantizar la atención de los usuarios.
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