El magistrado José Joaquín Urbano de la Corte Suprema de Justicia envió una alerta de seguridad este miércoles tras conocerse que resultó afectada una oficina de un alto funcionario de la Procuraduría, ubicada en el piso 26, por disparos en días recientes durante un fin de semana. Los hechos tendrían relación con la condena contra el exgobernador de La Guajira Juan Francisco “Kiko” Gómez Cerchar.
Según el documento firmado por el magistrado, otros funcionarios que intervinieron en el proceso también manifestaron preocupación por su seguridad personal y la de sus familias en las semanas recientes.
“Pongo estos hechos en su conocimiento porque considero que existe la posibilidad de que los Magistrados de la Sala de Casación Penal estemos en riesgo en virtud de la condena que le impusimos al señor Gómez Cerchar”, señala el magistrado según la carta revelada por El Tiempo.
Una comisión de Policía Judicial investiga el impacto de uno de esos disparos en el ventanal de la oficina.
En contexto: Investigan disparo contra oficina del piso 26 de la Procuraduría
Según estableció EL COLOMBIANO, el hecho ocurrió durante el fin de semana y solo días después fue advertido por personal del Ministerio Público.
Además, en el documento firmado por el magistrado, se señala que otros funcionarios que intervinieron en el proceso también manifestaron preocupación por su seguridad personal y la de sus familias en las semanas recientes.
El caso contra Gómez Cerchar se remonta al homicidio del concejal de Barrancas, La Guajira, Luis Gregorio López Peralta, ocurrido en 1997. La Corte Suprema concluyó que el entonces dirigente político contaba con una estructura de poder e intimidación en la región, justamente en un contexto marcado por la presencia de grupos armados ilegales.
Tras un extenso trámite judicial marcado por decisiones contradictorias, la Corte Suprema revocó este año una absolución previa y dejó en firme una condena de más de 31 años de prisión en su contra.
En su comunicación, el magistrado advirtió sobre la posibilidad de que los integrantes de la Sala de Casación Penal se encuentren en riesgo como consecuencia de esa condena, y solicitó a la Dirección de Protección de la Policía Nacional tomar conocimiento de los hechos e incrementar las medidas de seguridad para los funcionarios involucrados ante la reciente amenaza.
La defensa del exgobernador
En diálogo con la Unidad Investigativa de El Tiempo, la defensa del exgobernador señaló que “el señor Juan Francisco Gómez es una persona de avanzada edad, tiene casi 70 años y problemas graves de salud. ¿Qué soportes tiene la Corte para atribuirle el poder del que se está hablando? Es un despropósito”.
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“Desde luego que las autoridades deberán esclarecer todo lo que se está mencionando. Pero todo es especulación. Hay que recordar que la sentencia que se profirió hace unos meses no es la única en contra del señor Gómez y que los funcionarios que intervinieron en esta no son los únicos que han pedido que se condene”, le dijo al medio ya citado.
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Bloque de preguntas y respuestas:
- ¿Por qué el magistrado José Joaquín Urbano emitió una alerta de seguridad en la Corte Suprema?
- El magistrado de la Sala de Casación Penal advirtió sobre un posible riesgo de seguridad para los magistrados de esa corporación, luego de conocerse que una oficina del piso 26 de la Procuraduría resultó afectada por un disparo. El hecho ocurrió en un fin de semana y estaría presuntamente vinculado con la condena impuesta al exgobernador de La Guajira Juan Francisco “Kiko” Gómez Cerchar.
- ¿Cómo ocurrió el incidente del disparo en la oficina del piso 26 de la Procuraduría?
- El hecho se registró durante un fin de semana en las instalaciones del Ministerio Público. Un ventanal de la oficina de un alto funcionario sufrió el impacto de un proyectil de arma de fuego, evento que solo fue advertido días después por personal de la entidad y que actualmente es investigado por una comisión de la Policía Judicial.
- ¿Qué medidas de seguridad solicitaron para los magistrados de la Corte Suprema de Justicia?
- A través del documento enviado a las autoridades, el magistrado solicitó a la Dirección de Protección de la Policía Nacional tomar conocimiento formal de los hechos e incrementar las medidas de seguridad para los funcionarios que intervinieron en el proceso, ya que varios de ellos y sus familias han manifestado preocupación por su integridad.
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