Ruiz, aseguró que la ONU ve en las extintas Farc y en el Gobierno la convicción de cumplir con el Acuerdo, pero que, en todo caso, hace falta una presencia integral del Estado en los territorios y una reacción inmediata a las alertas de seguridad y los esquemas de seguridad individuales.
En los diez años que faltan, la ONU espera un cumplimiento a cabalidad de los seis puntos del Acuerdo y una vinculación total de los excombatientes a proyectos económicos dentro de la legalidad. La seguridad, como ya se ha dicho, será la prueba que deberá superar el Acuerdo para ser exitoso.
El presidente Duque mencionó, en una audiencia ante la ONU, que el Proceso de Paz era frágil, o débil ¿Ustedes cómo se lo toman?
“El Acuerdo en sí nos parece muy sólido. El informe que él citaba, que de hecho era uno nuestro publicado en 2018, habla de la fragilidad que se veía en razón de la seguridad. Y hoy lo sigue siendo. Esa fragilidad se mantiene porque es necesaria una presencia integral del Estado en los territorios que la exguerrilla de las Farc dejaron. En algunos casos y zonas del departamento se puede ver que los grupos armados son los que han o llenando esos espacios o avanzado más”.
Pero esos territorios estaban llenos de delincuencia, no es que el Gobierno haya recibido ese espacio libre y pacífico. ¿Cree que el tema del narcotráfico no se trató como se debería?
“Yo creo que los comunes denominadores en toda esa zona son economías ilícitas, minería ilegal, presencia de grupos armados y también presencia muy limitada del Estado.
La apuesta del programa sí está en la sustitución voluntaria de cultivos. Ahí también creo que, siendo un tema tan relevante como señala y pese a que ha habido esfuerzos importantes, falta que se implemente en su gran amplitud.
El programa tiene tres elementos: la sustitución, el pago por la erradicación a las familias que suscribieron el acuerdo, que son más de 100.000, y un sustento a las familias en lo que se les provee un producto o proyecto de vida alternativo. Esas dos primeras se han implementado prácticamente al 100 %, pero la tercera se ha implementado solamente al 8 %.
Entonces, si a las familias campesinas que se han dedicado al cultivo ilícito durante tanto tiempo y no se les provee esa alternativa en territorios donde hay muchas amenazas, pues el programa no va a tener buen éxito”.
Usted ha hablado de que el Gobierno no ha cumplido con la seguridad, que ha fallado en llegar a los territorios y en pagarle a las familias ¿Esa fragilidad viene más bien del Estado y no tanto del Proceso? ¿El Gobierno le ha cumplido al Acuerdo?
“Yo no diría incumplimiento. Para mí las dos partes han estado comprometidas con cumplir. El tema es hasta dónde se ha avanzado, qué se ha hecho y en dónde necesitamos más esfuerzos.
Por ejemplo, no más en el tema de seguridad, nosotros reconocemos que el Gobierno siempre está buscando medidas nuevas para proteger excombatientes y para proteger a líderes sociales. El problema, o el reto, es que hasta ahora no han sido exitosas.
Si uno ve los 289 asesinatos de excombatientes hasta el día de hoy pues es un hecho que evidentemente nos preocupa. También las de los demás defensores de Derechos Humanos asesinados. No es falta de voluntad o de creatividad. Pero esto es un tema más estructural, y la presencia integral no se logra de la noche a la mañana”.
¿Qué ha dejado de hacer el Gobierno para evitar que los asesinen?
“Pensemos en tres diferentes medidas de largo, mediano y corto plazo. Las de largo son las que hemos estado hablando de la presencia integral del Estado en los territorios.
En el mediano, hay una comisión, que es parte del Acuerdo, que es la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad. El mandato de ellos es aprobar y luego implementar por parte del Gobierno una política pública para el desmantelamiento de grupos ilegales, organizaciones criminales y grupos de apoyo, que son los responsables en más de un 60 % de los asesinatos.
Y a corto plazo están los esquemas individuales que da la Unidad de Protección. Esos cada vez tienen menos recursos o no se le asignan los suficientes.
A veces se tardan en aprobar nuevos esquemas a personas amenazadas, a veces se aprueban pero se tardan en proveer ese esquema individual. Lo cierto es que han muerto excombatientes esperando el esquema.
Otro punto son las alertas tempranas que tiene la Defensoría del Pueblo y la reacción del Gobierno respecto a ellas. Necesitamos una reacción más robusta del Gobierno y que se les proteja de manera rápida. Son mecanismos que hay que fortalecer de inmediato.
Nos anima que hay voluntad política, pero, si se tiene un grupo armado que deja las armas de buena fe para entrar a la reincorporación, pues hay que ponerle protección.
Los ETCR, por ejemplo, han funcionado muy bien. Ahí tenemos una población reunida y para entrar hay dos anillos: uno de la Policía y otro del Ejército. Allí la protección ha sido muy buena, realmente solo ha muerto 1 o 2 en todos los ETCR desde 2016 hasta hoy”.
Y, ¿qué le ha faltado a la extinta guerrilla de las Farc?
Una obligación muy importante que ya pasó es la dejación de armas. Fue un proceso muy rápido que superó incluso los estándares que tenemos en la ONU en cuanto al número de armas por excombatiente y en cuanto al tipo de arma, etc.
Otro punto importante es su participación en el tema de Justicia Transicional, el tema de verdad y reconocimiento de responsabilidad y el tema de solicitud de perdón a víctimas. El Acuerdo está fincado en la verdad como parte de la recuperación.
Es inédito que una guerrilla tan poco tiempo después de dejar las armas reconozca que cometió crímenes de lesa humanidad. Eso es muy importante y es parte del cumplimiento.
Los excombatientes han manifestado que están dando mucho y que no les estaban devolviendo en esa misma cantidad ¿Usted siente que una de las dos partes ha dado más para que el Acuerdo siga en firme y se cumpla?
“Yo no lo vería así. Creo que las dos partes han ido cumpliendo, con diferentes dificultades y diferentes retos. Es difícil decir punto a punto cuál de los dos ha cumplido, pero creo que las dos partes se han comprometido. Hay más obligaciones de parte del Estado y eso es difícil de medir porque no son obligaciones iguales. A veces pareciera que está más logrado por parte de los excombatientes”.
¿Usted cree que ha afectado al desarrollo del Acuerdo de Paz el hecho de que el partido de Gobierno no crea en él?
“No lo vería así. Algunas diferencias han surgido en razón de la justicia transicional y el tipo de justicia que se acordó. El país ha estado polarizado, pero hoy en día, por ejemplo, hay cada vez más apoyo de la gente en el deber de implementar el Acuerdo. Es muy respetable la posición de un partido político o de un presidente, es una democracia. Más allá de esas diferencias y esa aspiración, el deber de implementación se ha mantenido”.
A la misión de verificación de la ONU que le desvela, ¿qué le quita el sueño más allá de la problemática de seguridad?
“Para nosotros es muy importante la implementación integral del Acuerdo. Este es un Acuerdo más profundo que solo desarmar un grupo ilegal. Es un Acuerdo que tiene un capítulo que tiene reforma rural, otro de reforma política, justicia transicional. Es muy completo y ambicioso, por eso los avances cuestan más. Incluso, trata de mejorar de raíz las condiciones que dan pie al conflicto”.
La ONU hacía un llamado para que en época electoral el Acuerdo no se ponga como una excusa para hacer política...
“Nosotros respetamos los procesos electorales nacionales. Lo que aspiramos es que en los diferentes momentos la implementación avance. Más bien es una aspiración a futuro que cualquier decisión que tome el pueblo sea que continúe la implementación integral del Acuerdo”.
Cómo ve la implementación en Antioquia...
“Acá hay una mirada bastante similar a la nacional. Este departamento sufrió mucho por cuenta de la violencia pero también es muy innovadora. Tiene grandes retos de implementación en materia de seguridad y con áreas que nos preocupan en especial como el Bajo Cauca”.
De los 13.589 de excombatientes que se desmovilizaron, ¿Qué porcentaje sigue en el Proceso de Paz?
“Todavía, dentro de los acreditados, tenemos un 92 y 93 % dentro del Proceso. Es decir, un 7 % no está. Ahora, están en diferentes niveles. Más del 50 % están vinculados a un proyecto productivo trabajado con el Gobierno y la Cooperación Internacional. A los otros todavía no ha llegado esos proyectos...”.
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