El argumento obvio del representante de las víctimas en el caso de la presunta contratación irregular entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y los bomberos de Itagüí con el fin de pedir una medida carcelaria para Sebastián Ortega es la posibilidad de que este decida evadirse.
Los argumentos en ese sentido son varios, empezando porque la pena, en caso de que sea declarado culpable, sería superior a 8 años o llegaría hasta los 12 años; además, el hecho de que es un hombre de altos recursos económicos y que tiene todas las condiciones para salir del país cuando le plazca.
Pero hay un detalle que esgrimiría el abogado que actúa en nombre del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (entidad que fue reconocida como víctima): las denuncias públicas que hay contra este hijo de un polémico político de Bello, las cuales ya han llegado también a la Fiscalía, y lo vincularían tanto con otro fenómeno de corrupción en Ecopetrol como con un supuesto relacionamiento con la organización delincuencial conocida como La Oficina.
Ello jugaría para plantear que no solo podría escaparse sino que representa un riesgo para el proceso y un peligro para la sociedad. Lo usual es que, en estos procesos, la privación preventiva de la libertad se requiera por varias razones: por la gravedad de los delitos y la contundencia de las pruebas, porque el indiciado pueda afectar la investigación, porque represente algún riesgo para la sociedad o porque haya peligro de que se escape.
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En el caso de Miguel Quintero, para quien la Fiscalía pidió el jueves cárcel como medida preventiva, todos esos motivos fueron expuestos, pero bastaría con que se cumpla una de esas condiciones.
Ambos están siendo judicializados dentro del proceso por las presuntas irregularidades en seis contratos que suscribieron el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (Amva) y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí que tuvieron un monto de $17.656 millones y, según dijo la Fiscalía, habrían significado coimas por $2.481 millones.
También fueron imputados la semana pasada el exsubdirector financiero del Amva Álvaro Villada (interés indebido y peculado) y la asesora jurídica Vanesa Álvarez (interés indebido), pero contra ellos no pesa ninguna petición de prisión. La Fiscalía pidió en cambio cárcel para Miguel Quintero (hermano del exalcalde de Medellín Daniel Quintero) y el abogado del Amva (acreditada como víctima) la solicitó para Ortega.
Amenazas de muerte y complot
Vamos con el caso que involucra a Ortega con Ecopetrol. Resulta que tras la salida de Luis Enrique Rojas, quien era presidente de Hocol, una subsidiaria de la estatal petrolera, el 30 de abril del año pasado, este publicó una carta en la que denuncia una supuesta campaña de persecución, espionaje y hasta amenazas de muerte, derivada de la oposición que les hizo a decisiones que denotaban posible corrupción y falta de rigor técnico, que se materializaron en contratos direccionados.
Ahí, dice, sería donde entrarían Ortega y el expolicía y exjefe de seguridad de Pacific Rubiales, Juan Mancera. “Sebastián Ortega es quien maneja ISA y tiene vínculos con la oficina de Envigado y el Clan del Golfo. Mancera era socio de Hernando Sánchez y tiene vínculos con La Junta Directiva del Narcotráfico de Dubái”, afirmó Rojas.
Aseguró que Ortega ha sido una persona cercana al entonces presidente de Ecopetrol Ricardo Roa y a la pareja de este, Julián Caicedo. Según el texto, a comienzos de marzo de 2025 Ortega buscó en Medellín a Gustavo Suárez Gutiérrez (quien había tenido un litigio de platas con Rojas) y le ofreció un contrato por US$3 millones en Ecopetrol para que le colaborara en lograr una imputación penal contra Rojas usando los documentos que respaldaban la deuda.
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El plan era que “se prestara para una prueba grafológica y que ellos se encargaban de que las letras salieran falsas o adulteradas y así poderme hacer imputación en la Fiscalía”, escribió Rojas. No obstante, Suárez rechazó la propuesta.
“Aclaro que no conozco a Sebastián Ortega, pero si escuché sobre él en varias ocasiones en reuniones con Ricardo Roa, Julián Caicedo y Juan Mancera”, añadió el expresidente de Hocol. Esa posible vinculación de Ortega con la presunta corrupción en Ecopetrol, como personaje clave de la misma, fue señalada por el alcalde Federico Gutiérrez al FBI en una visita reciente a EE. UU.
Pero también este ha sido mencionado por testigos en otros presuntos actos corruptos, como una reunión en el edificio Salamanca en la cual él y Miguel Quintero habrían ofrecido el lote de Carabineros, que es propiedad del Distrito, a empresarios inmobiliarios.
Como el predio estaba valorado en $10.000 o $12.000 millones, habrían planteado que les pagaran esa cantidad más otros $33.000 o $35.000 millones bajo cuerda.Igualmente, testigos lo relacionan con las gestiones que terminaron en la venta del derecho a controlar la gerencia y las contrataciones de Afinia (filial de EPM en la Costa), con un pago de entre cinco y ocho millones de dólares.
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Tentáculos económicos
Otro frente de ‘ataque’ de quienes buscan la cárcel para Ortega es poner en primer plano el poder económico de la familia Ortega, algo que le facilitaría a uno de sus integrantes ubicarse en cualquier otro país si decidiera escaparse.
En un artículo reciente EL COLOMBIANO se mostró que poseen la empresa Ortega & Urán SA, con sede en Medellín, cuyas cabezas son William Ortega y su esposa Sandra Urán; está dedicada a la hotelería y las actividades inmobiliarias y a su nombre figuran un hotel boutique en la vía antigua a San Jerónimo, otro hotel en Sincelejo y un hotel restaurante en Montería.
Fuera de eso, tendrían un negocio grande de arepas en las inmediaciones de la calle 33 de Medellín y otro de licores, también de grandes proporciones.
El patriarca posee a su nombre abundantes tierras en Sucre y Córdoba, lo mismo que una casa en un sector exclusivo de Medellín. Pero ahí no para todo, porque Mateo de Dios Ortega Urán, cantante de música regional y hermano de Sebastián, es dueño de MDO Entretenimiento; y Juan Pablo de Dios, el otro, es representante legal de un restaurante italiano y la firma Urán Asociados SAS.
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Curiosamente todas las empresas a nombre de Sebastián de Dios Ortega (Cigarrería La Surtidora, Hardtech Colombia SAS, Inversiones Frida Medellín y MD Servicios y Soluciones) figuran en proceso de liquidación, algo que es indagado por las autoridades.
La esposa de Sebastián, Mariana Moreno Duque, es modelo y aparece como gerente de la firma Marsor SAS, que comenzó con un lavadero de carros en Envigado y cambió su objeto a actividades inmobiliarias.
Ella posee, a través de esa compañía, un apartamento en Envigado con un valor comercial cercano a $2.500 millones y está vendiendo un lote en el Occidente antioqueño.
Las autoridades le tienen el ojo puesto a estos movimientos, pues una de las consecuencias si dictan medida de aseguramiento contra Sebastián Ortega es que los bienes que tengan relación con él quedan congelados de forma temporal.
¿Duda por arraigo juega en contra?
Sebastián Ortega registró 56 movimientos migratorios de ida y vuelta (28 viajes) en los últimos años y desde 2024 triplicó la frecuencia de sus viajes (hizo 7 ese año, 10 en 2025 y 4 en los primeros cinco meses de 2026), siendo el destino más repetido fue Miami; solo entre finales de diciembre de 2024 y abril de 2025 fueron seis viajes a la Capital del Sol.
Disfruta así mismo de una visa estadounidense que le permite entrar a ese territorio de forma permanente, como evidentemente lo ha hecho. Además, tiene una licencia de piloto convalidada en el estado de la Florida y todo eso jugaría para que el abogado del Amva le diga al juez que su arraigo en Colombia estaría en entredicho, siendo un motivo para plantear una posibilidad de fuga.
Bloque de preguntas y respuestas
- ¿De qué se les acusa a los procesados en el caso AMVA?
- Se les investiga por presuntas irregularidades en la firma de seis contratos entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y los Bomberos de Itagüí por $17.656 millones, con supuestas coimas de $2.481 millones.
- ¿Por qué se pide cárcel preventiva para Sebastián Ortega y Miguel Quintero?
- La Fiscalía y los abogados del AMVA argumentan el alto riesgo de fuga debido a su poder económico, la gravedad de las penas (de 8 a 12 años) y la necesidad de proteger el proceso.
- ¿Qué relación tiene este caso con las denuncias en Ecopetrol y Afinia?
- Aunque el proceso penal principal es por la contratación en el AMVA, en las audiencias se citan denuncias públicas sobre presuntos ofrecimientos de contratos y gestiones irregulares en Ecopetrol, Hocol y Afinia.
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