El 4 de enero de 2023, apenas cinco meses después de haberse posesionado en el poder, Gustavo Petro sancionó en Itsmina, Chocó, la Ley que creaba el Ministerio de la Igualdad. Allí, aseguró que las poblaciones “que siempre quedaron marginales en la política pública, por allá en un rinconcito, como en la cocina, en el Ministerio de la Igualdad tendrán una priorización”. Aquel propósito se truncó pronto, cuando la Corte Constitucional concluyó que la entidad no cumplía los requisitos mínimos para constituirse.
El sueño de tener una institución que velara por “los nadies” recibió la estocada final este pasado viernes, 12 de junio, cuando a los funcionarios del Ministerio les llegó una carta firmada por el presidente Petro en la que les agradecieron por sus servicios y enlistaron los pasos que se deben cumplir para liquidar la entidad. Y es que, tras cuatro años con una cartera congelada, el oficialismo no pudo sacar adelante su consolidación legal, puesto que aunque aún queda una semana de discusión en el Legislativo, desde el Gobierno reconocen que no hay voluntad política para discutir el proyecto que reviviría la cartera. En aquel camino jurídico que termina esta semana pero lleva dos años en marcha, el Ministerio y su propósito se vio machado y opacado por denuncias de acoso laboral, choques políticos y problemas con el manejo del dinero público.
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Sin bases sólidas
Incluso el inicio del Ministerio parecía ya un mal presagio. El presidente Gustavo Petro llegó seis horas tarde a Itsmina, donde lo esperaban cientos de personas del municipio y su fórmula vicepresidencial, Francia Márquez: la primera en hacerse cargo de la cartera. “Yo sé que todos ustedes tienen la expectativa de que el presidente llegue en cualquier momento; yo también la tengo. Esperamos que así sea, pero aquí estamos como Gobierno Nacional y aquí está su vicepresidenta, poniendo la cara”, dijo Márquez, marcando un quiebre político.
Luego llegó el quiebre jurídico. El 8 de mayo de 2024, la Corte Constitucional declaró inexequible la Ley 2281 de 2023, con la cual fue creado el Ministerio de Igualdad y Equidad, por considerar que hubo vicios de trámite en su estructuración, ya que no se realizó un correcto análisis de su impacto fiscal.
Rupturas internas
En febrero de 2025, el presidente Gustavo Petro televisó, por primera vez, un Consejo de Ministros. Allí, Márquez fue crítica con el nombramiento de Armando Benedetti como ministro del Interior, y criticó también a quien solía ser la mano derecha de Petro: Laura Sarabia, exdirectora del Dapre. A finales del mismo mes, el mandatario pidió la renuncia protocolaria de todos los ministros, incluyéndola. El presidente aceptó su renuncia, la destituyó y nombró a Carlos Rosero en su lugar. Aquella destitución fracturó su relación. “Me sentí muy triste, dolida, porque pensé en mis antepasados, que trabajaron y trabajaron y trabajaron para que otros pudieran llevarse el mérito”, le dijo Márquez al diario estadounidense The Guardian. En declaraciones con medios nacionales, Márquez aseguró que no la “dejaron gobernar” y que el Estado colombiano era racista.
Rosero, por su parte, fue señalado como contradictor de Márquez. Como líder del Proceso de Comunidades Negras (PCN) no la apoyó en su candidatura. “No se lo esperaba. Le pidió tiempo a Petro, pero no se lo dieron”, le dijo en su momento una fuente del Gobierno a EL COLOMBIANO bajo reserva, y añadió: “Empezaron a sacar a los funcionarios de Francia, quieren aburrir a los que quedan”.
Rosero duró apenas seis meses en el cargo. En su carta de renuncia, dirigida al Presidente, Rosero repasó lo que describe como “una experiencia vertiginosa”, marcada por desafíos estructurales en la consolidación de un ministerio nuevo, además, criticó los problemas burocráticos para ejecutar el presupuesto. Su reemplazo desató una polémica aún mayor: anunciaron a Juan Carlos Florián, exactor porno, como nuevo ministro.
La mayor crítica a Florián, sin embargo, no fue por su pasado: su nombramiento rompía con la cuota de género que debe mantener el Ejecutivo para garantizar igualdad de representación en el poder. Ante eso, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca suspendió su nombramiento de forma provisional. La jugada del Gobierno fue pedir su renuncia, nombrar a una mujer en otro ministerio, y luego reincorporar a Florián, quien decía ser de “género fluido” y pedía que lo llamaran “ministra”. Algo que fue interpretado por sectores LGBTIQ+ como una “burla” o irrespeto.
En ese movimiento de gabinete llegó uno de los mayores escándalos de corrupción que empañaron el gobierno de Gustavo Petro: el nombramiento de Juliana Guerrero como viceministra de las juventudes. En este punto, Guerrero ya fue imputada por fraude procesal, y es que, cuando subieron su hoja de vida para el cargo mencionado, la opinión pública notó irregularidades, como que había pasado de ser técnica a profesional en apenas 15 días; nunca apareció en los registros de asistencia a clase y se graduó como profesional sin haber presentado la Prueba Saber Pro.
A aquel escándalo se sumó uno en contra de Támara Ospina, viceministra de las mujeres, quien fue acusada por más de una decena de funcionarios como presunta acosadora laboral. Ospina lo negó, pero los procesos disciplinarios siguen abiertos. También se sumó Axcan Duque, quien tuvo que renunciar a su cargo como viceministro del ministerio luego de que se conociera que le envió una foto totalmente desnudo a una funcionaria. El caso sigue en investigación, Duque insiste en que fue un error.
Actualmente, a la cabeza de la entidad quedó el líder indígena Alfredo Acosta, quien ha intentado apagar los incendios y defender la entidad.
El problema financiero
En cuatro años, el Ministerio apenas logró la ejecución del 8,8% del presupuesto. “En 2025, de 9 proyectos de inversión, 4 no llegaron al 1 % y 2 no superaron el 10 % de ejecución. Todo se quedó en mentiras”, dijo la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, en una denuncia. A eso se le suma un problema aún más grande: de 2,8 billones de pesos que ha manejado la cartera, $2,1 billones fueron transferidos a un Fondo Paralelo sin que se conozcan los resultados.
En enero de 2026, por ejemplo, el fondo destinó $70.582 millones a cuatro contratos suscritos con Laborando S.A.S., una empresa de servicios temporales, para vincular a “más de 3.304 personas entre septiembre de 2025 y mayo de 2026”, en plena cuenta regresiva para que entrara en vigencia la Ley de Garantías. Sumado a eso, Valencia también hizo otra denuncia en la que aseguró que se contrataron “3.146 personas para el programa Jóvenes en Paz”, y “158 para el Sistema de Violencia Basada en Género; además de número indeterminado para la gestión operativa del Fondo” y otro “número indeterminado para el programa Agua es Vida”. Sin embargo, no se han mostrado los resultados al respecto y el en Secop no aparecen los recibos de varias transacciones.
¿Y ahora qué?
En un comunicado público, el sindicato del Ministerio de la Igualdad aseguró que aún no tienen claridad de qué pasará con los funcionarios, pero que quieren hablar con el presidente Petro para expresarle sus ganas de continuar con el proyecto: “La mayoría de nosotros provenimos de territorios donde las desigualdades e inequidades son críticas; nuestra labor es vital para cerrar esas brechas”, dijeron.
El espacio, parece, no se va a dar. Desde la cabeza el Ejecutivo se ordenó devolver equipos y consignar los avances en el informe de resultados del Gobierno. Además, se ordenó que los programas dirigidos a mujeres, comunidades étnicas, población LGBTIQ+, personas con discapacidad y otros grupos priorizados continúen operando bajo la responsabilidad de otras entidades del Estado. Serán los ministerios del Interior, Hacienda y Justicia, junto con Función Pública y Prosperidad Social quienes diseñen los decretos necesarios para redistribuir funciones. Ese es el fin.
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