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Las campañas por el “Apruebo” y el “Rechazo” al referendo que propone una nueva Constitución cerraron oficialmente y Chile se dispone para la apertura de las urnas este domingo. El ambiente en los actos públicos de clausura fue de tranquilidad, en contraste con las nutridas protestas que durante todo el año han llenado las calles de principales ciudades.
La consulta popular había sido programada inicialmente para el 26 de abril, pero la pandemia obligó a su aplazamiento, mientras el coronavirus se cobraba unos 13.700 muertos y cerca de 500.000 contagios, según cifras oficiales. Por eso, el lema “para votar tenemos que estar sanos” se instauró en el país como invitación al autocuidado.
Lo que está en juego es el cambio de la Constitución heredada por el régimen de Augusto Pinochet y por ello, la consulta es considerada la más importante desde el regreso de la democracia en 1990. Según el último sondeo de la encuestadora Criteria, un 74 % de los ciudadanos apoya el “Apruebo”, frente a un 17,4 % que votaría “Rechazo”, en un censo electoral de 14,3 millones de personas.
Los argumentos de ambos bandos
Los promotores del “Apruebo” consideran que la actual Carta Magna chilena es fuente de desigualdades en el país y que solo con la redacción de una nueva, se podrán blindar los derechos básicos de los ciudadanos.
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Francisca Crispi, integrante del Colegio Médico de Chile, expresó que “es muy importante que establezcamos en el nuevo texto que lo primero no es la libertad individual. En la medida en que protejamos los principios de la seguridad social avanzaremos hacia un sistema menos segregador”.
Y es que la posibilidad de reformar sistemas como el de Salud y Pensiones en ese país, pionero en el sistema que entrega los dineros a la tutela de privados, como las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), ocupa el foco del debate.
“Para los que cotizaron entre 30 y 35 años, la pensión promedio es de 220.000 pesos (280 dólares), es decir un tercio más bajo que el ingreso mínimo. Eso es lo que explica el estallido, los jóvenes ven a sus padres con pensiones miserables”, explicó el vocero del movimiento No+AFP, Luis Mesina.
Sin embargo, los promotores del “Rechazo” consideran que lo último que necesita el país es “una hoja en blanco” en este momento de su historia y existe entre ellos la idea generalizada de que las problemáticas del país pueden solucionarse con leyes, por lo que el cambio de Constitución sería innecesario.
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Entre ellos, se encuentran varios gremios empresariales, que temen la “incertidumbre” que pueda generar el proceso y que ello conduzca a desincentivar la inversión en un momento crítico por la pandemia, que según cifras del Estado, ya ha provocado una caída del PIB del 14,1 % en el segundo trimestre de este año.
Juan Sutil, presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio afirmó que “el Congreso actual tiene las condiciones habilitantes para hacer las reformas de forma más eficiente, más rápida, más oportuna y con menos incertidumbre”.
En ello coincide Rodrigo Eitel, presidente de la Fundación Nuevos Líderes, quien señala que ya la actual Constitución ha sido reformada más de 40 veces y bajo ella se vivió el mayor período de crecimiento del país: “La convocatoria del plebiscito fue absolutamente ilegítima, producida por la presión de grupos que salieron a quemar y destruir, haciéndonos creer que nuestra democracia se moría”.
Y el debate también se ha introducido en terreno ideológico, especialmente por grupos evangélicos que advierten que una nueva Carta Magna dará lugar a que se instaure un “régimen socialista”.
“Es mentira que los ciudadanos vayamos a participar en la redacción de algo nuevo. No nos vengan a decir que va a ser la señora Juanita o el panadero los que van a redactar la nueva Constitución. Ya hemos visto que antiguos parlamentarios están deseosos de participar”, aseveró Walter Vega, vocero del Concilio Nacional de Iglesias Evangélicas.
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El reclamo indígena
Otra de las cuestiones cruciales es el histórico reclamo de las comunidades mapuches para que sus tierras, que aseguran despojadas por el Estado para dar concesiones a empresas forestales y mineras, sean restituidas y se les otorgue mayor autonomía.
Por primera vez, se ha puesto sobre la mesa la posibilidad de que las comunidades indígenas tengan derecho a curules en el Legislativo y que la Constitución reconozca a Chile como un estado plurinacional, incluyente no solo con los mapuches, sino con otras etnias como la aimara y la rapuni.
No obstante, algunas comunidades ven el proceso con escepticismo. Así lo expresó el líder mapuche Juan Pichún: “Lo valoro como un acto democrático que no había sucedido con respecto a qué tipo de sociedad se quiere construir, pero tengo ciertas dudas. Seguramente nos van a reconocer la lengua y la cultura, pero en el territorio jamás van a entrar y el gran problema es el territorio”.
Por eso, cree que el plebiscito no es el mejor camino para las comunidades indígenas y asegura que acciones de resistencia contra las empresas privadas, que se han ejercido en alianza con la organización social Coordinadora Arauco Malleco (CAM) son más efectivas para recuperar tierras que reclaman.
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Pero para el gobierno y agricultores locales, la CAM forma parte de los grupos radicales o “terroristas” detrás de algunos de los cientos de ataques incendiarios a colegios, camiones y maquinarias agrícolas ocurridos en los últimos meses en las regiones de la Araucanía y el Biobío, llenando de terror a la población y avivando consignas raciales.
De otro lado, hay mapuches que sí creen en el plebiscito como el inicio de una discusión necesaria, como Fernando Pairican, historiador de la Universidad de Santiago, quien reconoce que “la nueva Constitución es recién el inicio del proceso para empezar a debatir la interculturalidad”.
Y explica que el proceso marcará una nueva manera de convivencia con el resto de chilenos. “La idea no es construir un estado diferente, sino tener otra forma de convivencia donde no exista una dominación por parte de Chile sino que un tratamiento igualitario”, anhela.