La historia devora a Nicaragua. El pasado intenta imponerse haciendo del presente un espejo, un símil forzado de un tiempo revolucionario repleto de “leales” y “golpistas”.
El lenguaje atenaza: la serie de detenciones que desde inicios de junio ha desmembrado el liderato de la oposición a Daniel Ortega, se celebra en las filas más oficialistas como la nueva “Operación Danto”, remembranza de la maniobra militar nombrada así que en 1988 asestó el golpe definitivo a los enemigos de Ortega. En ese entonces el líder lucía más acompañado que hoy, convertido en el poder absoluto que una vez logró derrocar.
“Faltan más”, advierten y esperan voces afines al oficialismo. “Hay algunos que tienen unos negocios oscuros”, dijo William Grigsby, reconocido comentarista militante al término del pasado 8 de junio, pocas horas después de la captura de Juan Sebastián Chamorro, Félix Maradiaga, Violeta Granera y José Adán Aguerri, líderes opositores aprehendidos a la sombra de una ley de un único artículo amplio y difuso.
Los reportes policiales publicados tras las redadas se remiten de forma literal al artículo 1 de la Ley 1055 de “Defensa de los derechos del pueblo a la independencia, la soberanía y autodeterminación para la paz”. En él se tilda como traición a la Patria acciones que van desde encabezar o financiar un golpe de Estado, hasta aquello que la norma define como “menoscabar” la independencia y soberanía.
Bajo esta última esfera se incluyen hechos como proponer y gestionar “bloqueos económicos, comerciales y de operaciones financieras en contra del país y sus instituciones” o demandar e incluso solo aplaudir “la imposición de sanciones contra el Estado de Nicaragua”, una de las acciones más recurrentes de los líderes opositores que se dirigen constantemente a la comunidad internacional para pedir sanciones contra Ortega. Las capturas son legales bajo dicha ley, aprobada en diciembre de 2020 por una votación en la Asamblea de Nicaragua, controlada por el oficialismo (tiene 70 de 92 diputados). Desde entonces su contenido ha sido cuestionado por inconstitucional.
“Es parte del bloque de leyes represivas, la cual no es una ley penal, sino una norma de inhibición electoral”, responde María Asunción Moreno, reconocida jurista nicaragüense, en medio de un cambio repentino de vivienda y de seguridad “ya que varios compañeros están siendo perseguidos”. Hace parte de la Alianza Ciudadanos por la Libertad, un partido político cuyo precandidato presidencial, Arturo Ruíz, también fue capturado el 6 de junio, junto a Cristiana Chamorro.
Este domingo, y sin que la oposición apenas hubiese podido digerir la primera andanada de capturas, la Policía allanó las viviendas de la exguerrillera sandinista Dora María Téllez y de la activista Ana Vijil, ambas integrantes del Movimiento Renovador Sandinista (MRS), hoy renombrado como Unamos. Con su aprehensión, la cifra de líderes opositores capturados se eleva a siete, sin contar en ella a nombres menos conocidos que hacen política.
Se presume que la mayoría de ellos permanecen incomunicados en El Chipote, un centro de detención objeto de investigación y pronunciamientos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde 2018 por denuncias de tortura. En el presente judicial de todos hay muchas similitudes y un par de diferencias.
La oposición capturada
Si bien seis de ellos fueron capturados por la explicada Ley 1055, el caso de Cristiana Chamorro es distinto. Ella enfrenta acusaciones por supuesto lavado de activos (que ha negado) a través de la fundación “Violeta Barrios de Chamorro” que lideraba hasta el pasado febrero cuando la organización cerró.
Lo de Cristiana también tiene matices debido a su linaje, capaz de recordarle malas épocas a Ortega. Es hija de Violeta Barrios de Chamorro, la mujer que se convirtió en presidenta en 1990 tras derrotar a Daniel Ortega, que gobernaba desde 1985. Su padre es Pedro Joaquín Chamorro, quien fue periodista, dueño y director del periódico La Prensa, el de mayor circulación nacional. Murió asesinado en 1978 en medio de la dictadura fundada por el General Anastasio Somoza García. Cristiana representa un largo pasado que se traduce en el presente.
Lidera la intención de voto en Nicaragua, según la firma encuestadora CID Gallup. “Es la candidata más fuerte sin siquiera ser precandidata”, explica Ernesto Medina, exrector de La Universidad Nacional de Nicaragua, la más antigua e importante del país. “Ella nunca negó su intención de presentarse a las elecciones, pero dijo que lo ideal sería hacerlo a través de una coalición. La oposición tiene una responsabilidad muy grande en lo que ha ocurrido. Ortega nunca vio una fuerza cohesionada, capaz de movilizar y de resistir las embestidas”.
Pese a la claridad del desafío, los más de 10 partidos opositores en Nicaragua no han logrado ponerse de acuerdo en una candidatura única. Organizados alrededor de dos grandes bloques, la Coalición Nacional y la Alianza Ciudadana, perdieron el pasado 12 de mayo la oportunidad de presentarse unidos.
Ese día expiraba el plazo, según el calendario electoral, para inscribir alianzas ante el Consejo Supremo Electoral (CSE). “Llegamos al límite y no hubo nada”, señala Medina, “la única manera de tener alguna posibilidad”.
“Los obstáculos de esa unión han sido posiciones ideológicas que no tienen en este momento ninguna validez, ya que el régimen no está escatimando en si sos de derecha o de izquierda”, resume Juan Diego Barberena, abogado y miembro del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), una agrupación que reúne a más de 100 organizaciones políticas, que hace parte de la Coalición Nacional y de cuya entraña son los capturados Félix Maradiaga y Violeta Granera, ”los intereses políticos que nos separan ya no tienen relevancia. Los precandidatos están presos, la dictadura nos está cortando igual”.
Los sectores más conservadores de la Alianza Ciudadana han chocado con los más progresistas de la Coalición Nacional. “Una unión que tendría que haberse hecho hace un año, que hubiera podido presionar para evitar la aprobación de las leyes que el régimen pasó tan fácilmente. Esas leyes no se presentaron de casualidad antes de que comenzara el calendario electoral. Todo fue preparación para lo que está pasando”, resume Medina, “y hay gente que sigue viendo a Ortega como el guerrillero de los años 70. Lo cierto es que pasamos de una dictadura familiar a otra”.
