Ghislaine Maxwell, exsocia y cómplice del fallecido financiero Jeffrey Epstein, se negó a responder preguntas durante su comparecencia virtual ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos y condicionó cualquier testimonio a recibir clemencia presidencial.
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La mujer, que cumple una condena de 20 años de prisión por tráfico sexual de menores, invocó la Quinta Enmienda de la Constitución —que protege contra la autoincriminación— durante una declaración a puerta cerrada realizada desde la cárcel de Texas donde permanece recluida.
La audiencia formaba parte de la investigación legislativa que busca esclarecer los vínculos de Epstein con figuras poderosas de la política, los negocios y el entretenimiento, así como posibles fallas institucionales que habrían permitido que sus delitos se extendieran durante años.
El presidente del comité, el republicano James Comer, calificó la decisión de Maxwell como “muy decepcionante”.
“Teníamos muchas preguntas que hacer sobre los crímenes que ella y Epstein cometieron, así como sobre posibles co-conspiradores”, declaró el congresista tras la diligencia.
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A través de un comunicado, su abogado, David Oscar Markus, explicó que aconsejó a su clienta no declarar sin garantías legales y lanzó una propuesta directa a la Casa Blanca: Maxwell estaría dispuesta a hablar “plena y honestamente” si el presidente Donald Trump le concede un indulto o clemencia.
“Solo ella puede proporcionar el relato completo”, señaló Markus. “Algunos pueden no querer escuchar lo que tiene que decir, pero la verdad importa”.
El defensor incluso aseguró que Maxwell podría aclarar la situación de figuras políticas que han sido señaladas por su cercanía social con Epstein. Según su versión, tanto Trump como el expresidente demócrata Bill Clinton serían “inocentes de cualquier irregularidad”.
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La declaración se produce en medio de una nueva ola de tensión política por la divulgación progresiva de archivos del Departamento de Justicia relacionados con la investigación contra Epstein. La publicación de estos documentos —ordenada por el Congreso tras meses de presión pública— ha reactivado el escrutinio sobre las relaciones del magnate con empresarios, políticos y celebridades.
Epstein, quien ya había sido condenado en 2008 por solicitar prostitución a una menor, fue arrestado nuevamente en 2019 por cargos federales de tráfico sexual. Murió ese mismo año en una prisión de Nueva York mientras esperaba juicio. Las autoridades concluyeron que se trató de un suicidio, aunque el caso sigue rodeado de controversia.
Sus conexiones de alto perfil incluyeron a líderes políticos estadounidenses, miembros de la realeza británica y figuras del mundo empresarial, lo que convirtió el escándalo en un asunto de repercusión global.
Maxwell fue declarada culpable en 2021 por reclutar y facilitar menores para la red de explotación sexual de Epstein. Hasta ahora, es la única persona que ha recibido una condena penal directa por el caso. Actualmente busca revertir la sentencia mediante apelaciones judiciales.
Su negativa a responder ante el Congreso limita, por ahora, la posibilidad de que los legisladores obtengan información adicional sobre posibles cómplices o encubrimientos. No obstante, su ofrecimiento de declarar a cambio de clemencia introduce un nuevo componente político en una investigación que continúa generando repercusiones en Washington.
La sesión se realizó sin cámaras y bajo reserva, por lo que no se esperan detalles adicionales inmediatos sobre el contenido de la comparecencia.
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