La investigación abordó las irregularidades en la adjudicación de 51 obras viales a empresas vinculadas al empresario Lázaro Báez durante los gobiernos de Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández, en la provincia de Santa Cruz, bastión político del kirchnerismo.
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La exmandataria fue condenada, en ese momento, como “autora penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública”. Los jueces de la Casación la absolvieron, por mayoría, por el delito de asociación ilícita.
La sentencia fue apelada por la expresidenta y estaba pendiente del dictamen de la Corte Suprema, que finalmente dejó en firme la condena en su contra.
La defensa de Kirchner, de 72 años, puede solicitar a la justicia la prisión domiciliaria por ser mayor de 70. De concedérsele, podrá cumplir la condena en Buenos Aires o en Santa Cruz, donde tiene domicilio.
El presidente Javier Milei, por su parte, celebró la decisión: “Justicia. Fin”, escribió en la red X.
Kirchner, presidenta del Partido Justicialista (peronismo), había anunciado la semana pasada que competiría por una banca como diputada de la provincia de Buenos Aires, la más poblada del país, en las legislativas provinciales del 7 de septiembre. De ganar, habría obtenido fueros.
La decisión de la Corte la excluye ahora de todo cargo electivo y obliga a la oposición a replantear su estrategia electoral de cara a las legislativas nacionales de medio término que se realizarán en octubre.
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Frente a la sede del Partido Justicialista, presidido por Kirchner, cientos de simpatizantes recibieron la noticia con la líder peronista, quien salió inmediatamente a la calle después de conocido el fallo.
“El poder económico puede tropezar una vez con la misma piedra, pero no dos. Y saben que somos los únicos que podemos construir una alternativa cuando esto se desplome”, dijo la también vicepresidenta entre 2019 y 2023.