Cristina Fernández de Kirchner podrá cumplir su pena a seis años de prisión en su apartamento en Buenos Aires, concedió el martes la Justicia argentina, una semana después de la ratificación de su condena por corrupción y en medio de protestas en apoyo a la expresidenta.
El tribunal resolvió disponer la detención de Kirchner, de 72 años, “a partir del día de la fecha y bajo la modalidad de prisión domiciliaria” en su apartamento en el barrio Constitución y ordenó que se le coloque “un dispositivo de vigilancia electrónico”, detalla el documento.
La dos veces presidenta (2007-2015) y una vez vicepresidenta (2019-2023) fue condenada por administración fraudulenta en contratos de obras públicas en la provincia de Santa Cruz (sur), en una decisión judicial sostenida el martes pasado por la Corte Suprema.
La exmandataria de centroizquierda, figura más fuerte de la oposición, denunció parcialidad de los jueces y acusó a los miembros de la Corte Suprema de ser “monigotes” del poder económico.
Podrá recibir visitas de su grupo familiar, abogados defensores y médicos, pero deberá pedir permiso a la Justicia para recibir a otras personas.
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Kirchner debe además “abstenerse de adoptar comportamientos que puedan perturbar la tranquilidad del vecindario y/o alterar la convivencia pacífica de sus habitantes”, agregó el fallo.
En las puertas de su casa, la presencia de seguidores es permanente desde hace una semana, pese a las bajas temperaturas del invierno austral, y las paredes del edificio donde reside están tapizadas de cartas y mensajes de apoyo.
“Alivia un poco, dentro de todo lo feo que le está pasando, que pueda estar en su casa. Además, en un barrio que se llama Constitución. Es simbólico”, dijo a la AFP Francisco Ratti, un músico de 29 años.
Conductores hacen sonar las bocinas de sus autos en señal de solidaridad, pero también hay quien les grita a los manifestantes: “¡Van a ir todos presos!”.
Manifestaciones en Argentina en solidaridad con Cristina Fernández
Seguidores y partidarios de la presidenta del Partido Justicialista convocaron a una manifestación para el miércoles, a la que llegarán delegaciones desde varios puntos del país.
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La movilización tendrá como objetivo “acompañar a Cristina y exigir su libertad”, señaló el senador peronista Eduardo de Pedro, y congregará partidos políticos, organizaciones sociales y los principales gremios del país.
Entretanto, el presidente Javier Milei amplió por decreto este martes las facultades de la policía para emprender arrestos, requisas y llevar a cabo vigilancia digital sin orden judicial.
Entre otras cosas, la Policía Federal ahora está facultada a mantener bajo arresto a una persona sin orden judicial por un máximo de diez horas, puede “esgrimir ostensiblemente sus armas” y requisar personas en la vía pública, así como sus efectos personales o vehículos, también sin orden judicial.
Para la oenegé Coordinadora contra la Represión Policial (Correpi), la medida implica la “destrucción de las libertades democráticas, derechos y garantías históricas del pueblo argentino”.
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El jefe de gabinete, Guillermo Francos, evaluó este martes que “la reacción inicial (de la militancia peronista) no va a ser la misma a lo largo del tiempo”.
“Habrá que ver si se convierte en un show permanente. Ese no es el sentido de una condena judicial”, agregó en declaraciones al canal A24.
Los fiscales de la causa habían solicitado el martes más temprano al tribunal que rechazara la prisión domiciliaria.
La defensa de Kirchner había esgrimido, además de su edad, razones de seguridad para obtener este beneficio. En 2022 sufrió un intento de asesinato, cuando un hombre trató de dispararle sin que salieran las balas.
La Corte Suprema ratificó la condena días después de que la exmandataria anunciara su candidatura a diputada en la provincia de Buenos Aires. De haber resultado electa, habría obtenido fueros como legisladora por cuatro años.
El máximo tribunal, integrado por tres miembros y con dos cargos vacantes, rechazó revisar la causa como lo había pedido Kirchner. Milei había intentado llenar las vacantes de la Corte al nombrar dos jueces por decreto, pero la decisión fue rechazada por el Congreso.
