No son buenos tiempos para la monarquía española. Contra el rey emérito Juan Carlos I, quien abdicó en junio de 2014 y se alejó de la vida pública, pesa una investigación en la justicia de su país y de Suiza por presuntamente recibir de forma irregular 100 millones de dólares en 2008 de la casa real de Arabia Saudí. Ese monto no fue declarado y una parte lo habría regalado a una amiga suya, Corinna Larsen.
De los dineros opacos del rey se habla desde junio, cuando el partido Podemos, que pertenece a la coalición de gobierno, pidió al Congreso investigarlo, propuesta rechazada por el legislativo. El tema volvió a tomar vuelo esta semana cuando los medios comenzaron a publicar nuevos datos de las presuntas irregularidades de Juan Carlos I.
Por cuenta de ese caso el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, propuso el jueves poner límites a la inviolabilidad como jefe de Estado de la que goza el exmonarca, figura que se traduce en que no puede ser investigado por los sucesos que ocurrieron en su gestión, que en el caso del Juan Carlos I fue de 40 años.
En voz de Pablo Iglesias, vicepresidente segundo, Sánchez “señala lo evidente: crece en la sociedad un debate sobre la utilidad de la monarquía”. Los escándalos sobre el rey emérito comienzan a salpicar al monarca actual, su hijo Felipe VI, pero este cuenta con el respaldo de colectividades políticas como Podemos, el Partido Popular, Ciudadanos y el mismo gobierno, que están cerrando filas entorno a él.
Justamente, esto es parte del debate: la élite española salió en defensa de Felipe VI, mas no de su padre, quien guarda silencio sobre este caso. Investigarlo abriría una brecha constitucional y en la misma concepción del Estado, cuya forma de gobierno es monarquía parlamentaria.
