La Fiscalía española presentó este viernes una querella contra tres dirigentes del gobierno regional de Cataluña, incluido su presidente, por haber organizado un voto informal de secesión que estaba expresamente prohibido.
La denuncia acusa al presidente catalán Artur Mas y a dos de sus consejeros de desobediencia grave, obstrucción a la justicia o usurpación de funciones, prevaricación administrativa y malversación. Las penas máximas por estos delitos son de un año de prisión y hasta 10 de inhabilitación para ejercer cargos públicos.
Una sala de magistrados decidirá ahora si existe base legal para abrir una investigación o si se archiva la causa.
La Fiscalía estima que los dirigentes incumplieron sus funciones al dar cobertura a la consulta informal sobre la independencia de Cataluña del 9 de noviembre. El voto fue prohibido por el Tribunal Constitucional, máximo órgano judicial del país.
Pero finalmente se abrieron más de 6.000 colegios electorales con urnas sin que la policía lo impidiera.
De un padrón electoral estimado de 6,3 millones, unos 2,3 millones votaron. La mayoría de esos votantes, que representan algo menos de un tercio del electorado catalán, lo hizo a favor de la independencia del resto de España.
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