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Los ánimos se caldearon ayer en la Unión Europea tras la presentación del informe anual sobre el Estado de Derecho en el bloque, que lanza duras críticas sobre los estándares democráticos de varios países por sus presuntas violaciones a la libertad de expresión y que advierte riesgos para los derechos humanos. Tras la publicación del documento, fueron evidentes las cada vez más amplias grietas entre Hungría y Polonia, los países peor evaluados, y el Ejecutivo de Bruselas.
Es la primera vez que el bloque compila los datos sobre transparencia en las instutciones, lucha anticorrupción, libertad de expresión y de prensa y equilibrio del poder. El comisionado europeo de Justicia, Didier Reynder, explicó que “este informe representa una nueva etapa en la protección del Estado de Derecho en la Unión”.
Pero lo que desató la ira de los gobiernos de los Estados orientales fueron varios apartes del capítulo que describe los sistemas de justicia. Polonia aprobó en enero una controvertida reforma que, a jucio de la Comisión, pone en riesgo la separación de poderes, pues establece sanciones disciplinarias a los jueces que en su ejercicio de control político, se nieguen a implementar cambios impulsados por el partido de gobierno.
Igualmente, no cayó bien el aparte del informe que señala a Hungría por los recientes escándalos de corrupción en varios niveles de su Ejecutivo. Bulgaria, Malta, Rumanía, Croacia y Eslovaquia también recibieron su dosis de críticas.
La crisis en el bloque no puede llegar en el momento menos oportuno. El miércoles, el Consejo Europeo emitió una norma que vincula el volumen de ayuda que cada país recibirá del Fondo de recuperación de la pandemia, con la evolución en la solución de los hallazgos reseñados en el informe. Hungría y Polonia, en consecuencia, amenazaron de inmediato con vetar el ambicioso plan presupuestal.
Además, el bloque está de cara a una cumbre de jefes de Estado en la que tendrán que ponerse de acuerdo, entre otros temas, sobre el nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo, que establece mayores controles fronterizos, reparte la responsabilidad de tramitar olicitudes de refugio, fija presupuestos y facilita la repatriación de migrantes no asilados.
Y se desata apenas un día después de que el primer ministro húngaro, Victor Orbán, pidiera la cabeza de una de las vicepresidentas de la Comisión Europea, Vera Jourova, quien en una entrevista se anticipó a declarar que “el panorama para la libertad de prensa en Hungría es alarmante y Orbán está construyendo una democracia enferma”.
Los datos soportan esa afirmación. El índice de libertad de prensa de Reporteros Sin Fronteras ubica a Hungría en el puesto 89 de un ránquin de 180 países, que se mide según las garantías para el ejercicio periodístico.
La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, respaldó a Jourova, lo que endureció el choque de trenes.
Jourova rechazó referirse a lo que calificó como “ataques personales”, pero señaló que no ofendió al pueblo húngaro, “lo que no quiere decir que que no debamos hablar, críticamente si es necesario, sobre las acciones de los gobiernos y representantes electos”.
En ese marco, ayer, tras la presentación del informe, la ministra húngara de Justicia, Judit Varga, lo tildó de “absurdo, falso e infundado”. En una nota oficial enviada a la Comisión, aseguró que “el concepto y la metodología de la Comisión sobre Estado de Derecho son deficitarios, sus fuentes carecen de equilibrio y su contenido no tiene fundamento”.
Y fue más allá. La ministra aseveró que el documento fue redactado “por organizaciones que forman parte de una red financiada de una manera centralizada, que llevan a cabo una campaña coordinada en contra de Hungría” y que el dinero provino del magnate estadounidense de origen húngaro, George Soros, insinuando que detrás de las críticas hay motivaciones ideológicas y políticas.
Jourova, por su parte, defendió el trabajo de los redactores y señaló que “lo que presentamos es un mecanismo preventivo y llena una importante laguna. Además, cubre elementos positivos y negativos y pretende ser un complemento de otras vías que ya existen en Europa para dar una alerta a los países que incumplen con los estándares”.
La Comisión invitó a los Parlamentos y a las autoridades nacionales a debatir este informe y a prestarse apoyo recíproco para proseguir las reformas. Sobre la base de los resultados del diálogo en relación con esta primera edición del informe, y la experiencia adquirida en el primer año de funcionamiento del mecanismo europeo sobre el Estado de derecho, la Comisión empezará a elaborar el informe de 2021.