El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Ecuador baraja el 20 de agosto como “fecha tentativa” para convocar las elecciones presidenciales y legislativas, de obligada celebración después de que el presidente ecuatoriano, Guillermo Lasso, disolviese el miércoles por decreto la Asamblea Nacional.
Así lo han avanzado este jueves los principales responsables del CNE, la presidenta Diana Atamairn y el vicepresidente Enrique Pita, en una ronda de entrevistas a medios en la que han reconocido que todos los plazos deberán ser “ajustados”, en la medida en que así lo establece la Constitución. De hecho, el Consejo debe anunciar en menos de siete días la fecha de la votación, a celebrar en un máximo de tres meses, y Lasso podría presentarse como candidato.
La Constitución, sin embargo, no especifica para esta situación excepcional un plazo en el caso de que fuese necesaria una segunda vuelta en los comicios presidenciales. Atamairn ha apuntado que, si hubiese segunda vuelta, sería en principio el 20 de octubre.
Lasso recurrió este miércoles 17 de mayo a una disposición constitucional bautizada como “muerte cruzada”, en virtud de la cual el Parlamento queda disuelto, pero también pone en juego su continuidad. El presidente y los diputados que salgan elegidos en las próximas elecciones no iniciarán un mandato completo, sino que deberán concluir el que ya está iniciado, hasta 2025.
El presidente argumentó que Ecuador se encontraba inmerso en una “grave crisis política” por la actividad de la Asamblea, que había iniciado ya un proceso de juicio político en su contra por acusaciones de supuesta corrupción.
Disolución de la Asamblea debe ser declarada inconstitucional: Rafael Correa
El decreto del presidente Lasso que desató la crisis en Ecuador, debe ser declarado inconstitucional, aunque sea “lo mejor para el país”, dijo este jueves a la Agencia AFP el exmandatario Rafael Correa.
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“Lo mejor para el país (...) es anticipar elecciones generales, presidenciales y legislativas. Lastimosamente, no es lo correcto (...) El decreto es inconstitucional. Aquí viene el dilema entre hacer lo bueno, anticipar elecciones, y lo correcto, que es respetar la Constitución”, expresó Correa.
En ese escenario, añadió, “creo que lo crucial es lo segundo, respetar la Constitución y el Estado de derecho, por lo que debería declararse inconstitucional este decreto y continuar el juicio político en la Asamblea”.
En cualquier escenario, añadió el exmandatario, “el gran perdedor es Lasso, porque si va a elecciones anticipadas será arrasado, y caso continúe el juicio político si antes tenía una posibilidad de impedir la censura ya esa posibilidad ha desaparecido por completo”.
Para Correa –presidente de Ecuador entre 2007 y 2017– el decreto es inconstitucional porque alega una “conmoción interna” que en su opinión no se verifica en la vida real del país, y además porque interrumpió el tratamiento del juicio político.
Para Correa, Lasso percibió que no tendría los votos suficientes para impedir que prospere el juicio político en su contra “y en consecuencia se decidió por la ‘muerte cruzada’, y la ha decretado inconstitucionalmente”.
Virgilio Saquicela, expresidente del Congreso, y otros exparlamentarios presentaron demandas de inconstitucionalidad contra la decisión de Lasso.
“El mejor de los mundos para nosotros es que (Lasso) se presente de candidato. Y verá la respuesta del pueblo ecuatoriano”, aseguró Correa.
El país, insistió Correa, precisa de una salida “pacífica, democrática y en principio constitucional. Y lo correcto es que se respete la Constitución”.
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En ese sentido, criticó que las Fuerzas Armadas ecuatorianas hayan señalado que el decreto de Lasso es constitucional. “Ese es un rol de la Corte Constitucional”, apuntó. Tal gesto de las Fuerzas Armadas, dijo Correa, “es escandaloso”.
Hasta la instalación de una nueva Asamblea Nacional, Lasso gobernará expidiendo decretos-leyes de urgencia económica, siempre y cuando tengan la aprobación de la Corte Constitucional.
