A pocas horas de que Venezuela vote por 545 asambleístas que decidirán cómo darle un giro a la Constitución de 1999, la tensión se generaliza. Mientras el Gobierno anunció que dará prisión de hasta 10 años a quienes salgan a protestar en contra de la Constituyente, la oposición desafía al oficialismo con una “escalada” de las manifestaciones callejeras que exigen retirar la propuesta de Nicolás Maduro.
Con la “gran toma de Venezuela”, a la que sectores opositores convocaron en todos los estados, los ciudadanos lograron bloquear vías neurálgicas de la capital venezolana, mientras los supermercados se mantuvieron repletos, temiendo que cualquier cambio constitucional agrave la escasez de productos básicos.