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Los ilegales mandan en las trochas de la frontera
Parlamentario venezolano denuncia que hay acuerdo entre Maduro y las bandas para seguir delinquiendo. Los migrantes son los más afectados.
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Las denuncias sobre extorsión, trata de personas y tráfico de drogas siguen aumentando, sobre todo en las conocidas trochas, los pasos ilegales que se ubican entre Venezuela y Colombia. FOTO AFP
26 de marzo de 2019
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La extorsión, el tráfico de drogas y minerales, y la trata de personas reinan en las trochas ilegales que conectan a Venezuela con Colombia. Esta dinámica, que era evidente, se incrementó tras el cierre de los pasos fronterizos, ordenado por el régimen de Nicolás Maduro desde el pasado 22 de febrero, el día en que se intentó ingresar la ayuda humanitaria.
Desde ese momento, han sido múltiples las denuncias sobre la presencia de civiles que con armas exigen un pago de entre $20.000 y $50.000, a cambio de permitir el paso por las trochas, que es la única opción más viable (la otra es vía aérea) de los venezolanos para llegar hasta Colombia, a hacerse de alimentos, medicinas y otros productos básicos.
Ante la sede de la Defensoría del Pueblo y Fiscalía del Ministerio Público, en San Cristóbal, acudieron el pasado jueves miembros de Organizaciones No Gubernamentales (ONG) a presentar la denuncia sobre la presencia de irregulares armados en la frontera.
En el documento exigen abrir una investigación a partir de las denuncias y las pruebas consignadas por la ONG Fundaredes, que dan cuenta del financiamiento que se estaría dando a través del dinero recaudado en las trochas a células armadas irregulares.
Además, le exigieron al Ministerio Público y a la Defensoría del Pueblo hacer presencia en los pasos ilegales que unen los municipios de Ureña, Bolívar, García de Hevia y Rafael Urdaneta con Colombia, donde, aseguran, operan el Eln y las disidencias de la Farc.
Desplazaron la legalidad
Un venezolano que cruzó por una de estas trochas esta semana narró que se encontró con dos grupos, cada uno de cinco personas armadas, quienes con el rostro cubierto preguntan a quienes se atreven a cruzar por lo que llevan en sus bolsos o equipajes.
“Pagué $30 mil y aunque no me quitaron nada, sí logré ver que a otras personas los despojaron de teléfonos, computadoras y otras pertenencias”, comentó el ciudadano. Su logística, aunque improvisada, da fe de que su control es total. Están ubicados en carpas, con mesas plásticas, y obligan a los viajeros a descargar el equipaje para que los encapuchados los revisen.
La actuación de los irregulares ha logrado el desplazamiento de cuerpos de seguridad venezolanos a otras zonas, fuera de la frontera, en medio de lo que ha sido señalado por el diputado a la Asamblea Nacional Franklyn Duarte, como un acuerdo entre Maduro y los civiles armados. “Los colectivos armados fronterizos le dieron un ultimátum a Maduro, ellos le dijeron: Nos deja la administración de las trochas y los puentes se quedan cerrados”.
Según el parlamentario, esta decisión fue aceptada a cambio de lealtad, pues fueron estos grupos armados quienes hicieron frente cuando se trató de ingresar la ayuda humanitaria.
Hay división
El parlamentario, miembro de la Comisión Permanente Política Interior de la Asamblea Nacional, denunció que más de 140 funcionarios, adscritos a la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) que se encontraban en funciones en el destacamento 212, fueron trasladados al Centro Penitenciario de Occidente, por mostrar desacuerdo al tener que ejecutar labores conjuntas con los grupos irregulares.
“Los llamaron traidores porque reclamaron y no quisieron someterse al trabajo conjunto con los colectivos. El traslado se ejecutó a través del Comandante del Zonal 21 de la Guardia Nacional, atendiendo a una orden de Freddy Bernal”. La tropa ha sido sustituida por un pelotón de guardias recién graduados y muy jóvenes, precisó el diputado.
Como está claro, ningún cuerpo de seguridad tiene el control de la frontera colombo venezolana, porque en la zona operan y mandan los irregulares “traídos por Freddy Bernal desde Caracas”, agregó Duarte.
El director de Fundaredes, Javier Tarazona, indicó que el paso por los puentes internacionales fue clausurado solo para afectar a la población venezolana y agregó que “ni siquiera los funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) que han intentado recuperar el control de los pasos ilegales (unas 50 trochas) para continuar ellos con la corrupción, han podido eliminar a los irregulares”, incluyendo al Eln.
50
mil pesos, el precio máximo del peaje ilegal que deben cruzar y pagar los migrantes.
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