Sin la presencia de Daniel Quintero en la parte inicial, se realizó este viernes la audiencia de acusación contra el exalcalde de Medellín y doce personas más dentro del caso de Aguas Vivas.
Le recomendamos leer: Juicio contra Daniel Quintero por el caso de Aguas Vivas quedará en vilo hasta febrero de 2026
Se tenía previsto que la juez 22 Penal del Circuito con funciones de conocimiento escuchara las razones por las que los abogados de los trece implicados en este caso anunciaron que pedirían la nulidad del proceso y, finalmente, el tiempo solo alcanzó para la exposición de Hilda Astrid García, la defensora del exsecretario general de la Alcaldía Fabio Andrés García.
Además del exmandatario Quintero, que está siendo juzgado por presunto prevaricato y peculado por apropiación) y de García (prevaricato), hay otros ocho exfuncionarios con cargos por presunto interés indebido en la celebración de contratos y peculado. Estos son Ingrid Vanessa González, exsecretaria de Gestión Humana; Yina Marcela Pedroza, exsubsecretaria Legal de Movilidad; Carlos Mario Montoya, exsecretario de Gestión y Control Territorial; Karen Bibiana Delgado, exsecretaria de Suministros y Servicios; Sergio Andrés López, exdirector de Planeación de Medellín; Natalia Andrea Jiménez, exsubsecretaria de Ejecución; Alethia Carolina Arango, exsubsecretaria de Defensa y Protección de lo Público, y Leidy Jiménez, exsubsecretaria de Proveedores.
Igualmente, hay tres particulares; Juan Diego de Jesús Moreno y José Fernando Rueda, representantes de las firmas IDC y Técnicas Constructivas, lo mismo que Juan Manuel Villegas. Los tres han sido propietarios del megaterreno Aguas Vivas, que queda en la parte alta del barrio El Poblado, de Medellín, y tienen cargos por peculado por apropiación.
Alrededor de este predio de 147.000 metros cuadrados, en la pasada administración se originó todo un entramado, que habría tenido como propósito el pago de más de 40.000 millones del erario a particulares.
En diciembre de 2019, este fue traspasado sin costo a la Alcaldía con el fin de cumplir con obligaciones urbanísticas -así se llama a un compromiso de los urbanistas de generar espacio público por cada proyecto que emprenden—, pero luego, en la administración de Quintero, intentaron que el Distrito pagara más de $40.500 millones a IDC, Técnicas Constructivas y a Villegas; posteriormente, esa misma administración devolvió el predio a sabiendas de que ya era un bien fiscal.
Para rematar, debido a que fracasaron los intentos previos por presuntamente favorecer a los particulares, Quintero y García expidieron el decreto 412 de 2023 en el que ampliaban la posibilidad de uso del predio Aguas Vivas, lo que valorizaba el terreno.
También le sugerimos ver: Doble turno judicial de Quintero este viernes: por la mañana injuria y por la tarde corrupción
En el escrito de acusación de la fiscal 133 de la Unidad Anticorrupción, que fue presentado en diciembre pasado, esta incluyó 3.930 pruebas para demostrar los presuntos ilícitos, los cuales deberán controvertir los abogados. Pero su carta inicial es buscar que se archive el proceso alegando que hubo fallas en la manera como la Fiscalía sustentó la formulación de los presuntos delitos para dar inicio a esta etapa de juicio.
Regístrate al newsletter