La Procuraduría General de la Nación acaba de abrir investigación formal contra el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, y contra otros cinco funcionarios de su administración por las presuntas irregularidades que se cometieron en la expedición de una norma que habría terminado valorizando el predio Aguas Vivas.
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La decisión de la Procuraduría Tercera Delegada para la contratación de formular pliego de cargos, afecta igualmente a Jasbleidy Pirazán, quien se desempeñó como directora de Planeación en el periodo anterior; lo mismo que a los exsecretarios Mauricio Valencia (Desarrollo Económico), Juan David Agudelo (Educación), Rivier Hernando Gómez (Innovación Digital) y Fabio Andrés García (secretario General).
¿Qué papel tuvieron en el Decreto 412 de 2023?
Estos, junto a Quintero intervinieron en la redacción y aprobación del Decreto 412 de 2023, por el cual se modificó el uso del suelo para los inmuebles aledaños al parque Ambiental Valle del Software, dentro del cual está la finca Aguas Vivas, que es también centro de un proceso penal en el que ya Quintero fue también acusado. Igualmente, ese decreto habría favorecido el predio Brisas, de propiedad de la familia del exgobernador Luis Pérez Gutiérrez, motivo por el cual allegados al exmandatario seccional demandaron un decreto posterior del actual alcalde, Federico Gutiérrez, que derogó la primera norma.
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Este mismo decreto tiene también dando explicaciones al alcalde Quintero y al exsecretario García ante la justicia ordinaria, donde un fiscal anticorrupción los acusó por el presunto delito de prevaricato. Este viernes, 21 de noviembre, es precisamente la audiencia de acusación para iniciar la etapa de juicio.
El lío de Aguas Vivas se ha convertido en una verdadera novela a partir del presunto negociado del megalote que lleva ese nombre, ubicado entre el sector de El Poblado y Las Palmas, en el oriente de la capital antioqueña.
En diciembre de 2019 este fue traspasado sin costo a la Alcaldía con el fin de cumplir con obligaciones urbanísticas -así se llama a un compromiso de los urbanistas de generar espacio público por cada proyecto que emprenden- pero luego, en la administración de Quintero, intentaron que del erario pagaran más de $53.500 millones a las firmas IDC, Técnicas Constructivas y a Villegas; posteriormente, ante la fracasada conciliación debido a que el Tribunal Administrativo de Antioquia y el Concejo de Estado se opusieron, esa misma administración devolvió el predio a sabiendas de que ya era un bien fiscal.
Y la tramoya se habría completado cuando, al haber fracasado los intentos previos para presuntamente favorecer a los particulares —que dicho sea de paso han tenido conexión con el exgobernador aliado de Quintero, Luis Pérez—, Quintero y García expidieron el decreto 412 en mayo de 2023 en el que ampliaban la posibilidad de uso del predio Aguas Vivas, con lo cual lo valorizaban al permitir construcciones de dos pisos (hasta ese momento solo podía ser un nivel) y ampliar el área de aprovechamiento.
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El auto de la Procuraduría indica que al expedir este decreto, Quintero habría excedido sus funciones “al parecer con el propósito de favorecer intereses ajenos y en contravía del interés común” al otorgar aprovechamientos urbanísticos a un área determinada por el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) como Espacio Público Proyectado, “permitiendo la intervención urbanística de áreas categorizadas como suelo de protección y estableciendo como permitidos usos que según el Acuerdo 48 de 2014, son prohibidos, en relación con el tratamiento urbanístico definido para el Ecoparque Las Palmas (donde están Aguas Vivas y Brisas)”.
Los otros cinco funcionarios señalados en el auto también habrían tenido responsabilidad, pues firmaron el decreto 412 junto con Quintero y por eso fueron incluidos en la investigación del Ministerio Público, que calificó provisionalmente la presunta falta como gravísima y, por lo tanto, de prosperar el caso, podría dar lugar a destitución e inhabilidad para ejercer cargos públicos. Esta sanción, generalmente, la aplica por periodos que van de los ocho a los doce años.
Bloque de preguntas y respuestas
- ¿De qué se acusa exactamente a Daniel Quintero?
- De presuntamente haber favorecido a particulares al modificar el uso del suelo en áreas definidas como suelo de protección para aumentar su aprovechamiento urbanístico.
- ¿Qué cambia el Decreto 412 de 2023?
- Permite construcciones de dos pisos y amplía el área de uso en predios donde antes solo se autorizaba un nivel, lo que habría incrementado su valor comercial.
- ¿Qué funcionarios acompañaron a Quintero en esta decisión?
- La exdirectora de Planeación Jasbleidy Pirazán y los exsecretarios Valencia, Agudelo, Gómez y García.
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