Canacol Energy y sus filiales dedicadas a la explotación de gas en Colombia acaban de sufrir un revés legal y económico, pues un laudo arbitral en contra las obliga a pagar una millonaria suma de dinero.
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El fallo en mención se refiere al tribunal de arbitramento que tenía enfrentado a este grupo empresarial de origen canadiense con la firma colombiana dedicada a la comercialización de gas VP Ingenergía desde el segundo semestre de 2024, dentro de un proceso en el que los primeros reclamaban el reconocimiento de facturas no pagadas por suministro del combustible.
Pero también los segundos alegaban que no habían pagado las cuentas y reclamaban perjuicios debido a que las firmas CNEOG Colombia Sucursal Colombia, Cne Oil & Gas S.A.S. y Canacol Energy Colombia S.A.S. habían incumplido con las entregas de gas.
La defensa de Canacol había sido que no había hecho el suministro en las fechas indicadas debido a motivos de “fuerza mayor”. Sin embargo, en la sentencia conocida este 6 de noviembre, el Tribunal de Arbitramento adscrito a la Cámara de Comercio de Bogotá conceptuó que Canacol no logró demostrar esa causal de “fuerza mayor”.
En consecuencia, según conoció EL COLOMBIANO por fuentes cercanas al tema, el fallo obliga a la firma norteamericana a cancelarle a VP Ingenergía la suma de 179.000 millones, una cifra que cruzada con las facturas que esta empresa le adeudaba implica un pago efectivo de 86.000 millones de pesos. El texto todavía no se ha publicado oficialmente debido a que le están realizando ajustes de forma, aunque la decisión de fondo de los árbitros ya sería un hecho.
Conocedores del tema también conceptuaron que el laudo podría tener otros efectos colaterales. Por un lado, sobre los tres procesos ejecutivos que cursan en despachos civiles del Circuito de Bogotá (los juzgados 47, 45 y 32) y otros procesos de carácter penal.
Pero además, podría animar a otras firmas distribuidoras que también se vieron afectadas en por retrasos o incumplimientos en el suministro de gas, y que en su momento no discutieron el argumento de Canacol de que había sido por motivos de “fuerza mayor” que al parecer habrían tenido que ver con daños en la infraestructura dentro de las áreas de los pozos de producción localizados entre los departamentos de Córdoba y Sucre.
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Canacol es la misma empresa que aparece dentro de una indagación que abrió la Procuraduría General de la Nación en agosto de 2024 por la presunta entrega de una billonaria contratación por parte de la administración del exalcalde Daniel Quintero en Medellín y de Jorge Andrés Carrillo en Empresas Públicas de Medellín.
La investigación se basa en los relatos de testigos, publicados por EL COLOMBIANO, según los cuales una firma que originalmente se dedicaba al suministro de alimentos se cambió de nombre, en una notaría de Panamá, para aparecer como una firma de “ingeniería china”, y 12 días después terminó ganándose un contrato para construir un gasoducto de 290 kilómetros para surtir de gas a EPM.
El asunto es como se cuenta a continuación: resulta que EPM y Canacol habían sellado en agosto de 2021 un contrato que se calcula en unos $5 billones para suministro de gas en Medellín.
Y para poder llevar a cabo el suministro del combustible necesitaban construir un gasoducto de 289 kilómetros, desde los campos de Jobo, en límites entre Sucre y Córdoba, donde Canacol estaba explorando gas, hasta la capital antioqueña.
El tubo lo iba a extender Promigás, una firma con amplia experiencia en este tipo de infraestructura, pero con la llegada de Quintero al poder y de Carrillo a EPM todo cambió, y finalmente el propio Quintero sacó a Promigás para dicho proyecto que tendría un costo de unos 400 millones de dólares. Entonces apareció la supuesta firma china. El 12 de octubre de 2022 en la notaría sexta de Panamá la empresa International Superior Food pasó a ser Shangai Engeneering Technology Corp. y solo 12 días después recibió el contrato por $1,6 billones.
Las versiones en poder de la Procuraduría y de otros investigadores aseguran que dentro de este contrato se habrían dado dos comisiones: una por 10 millones de dólares y otra por 50 millones de dólares.
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Solo que finalmente Canacol desistió en octubre de 2023, cuando ya a Quintero le faltaban menos de tres meses para concluir su mandato, argumentando problemas de orden público para lograr la licencia ambiental, o sea, de nuevo, un asunto de “fuerza mayor”.
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