La situación de orden público en las comunidades indígenas que habitan los alrededores de la vía a Quibdó (Chocó) habría empeorado en los últimos días y los ecos se han sentido con fuerza en Medellín, a donde han llegado más de 650 personas de ese sector en menos de una semana.
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Este lunes, en la Unidad Permanente de Justicia (UPJ), donde se concentran los servicios de entidades humanitarias del Distrito así como de Personería, es notorio el atiborramiento con niños, mujeres y hombres de la etnia Embera Catío que han arribado en los últimos días.
El éxodo ha ocasionado una situación de emergencia en la capital antioqueña, con la mayor parte de los recursos humanos y logísticos del Equipo de Atención a Víctimas del conflicto volcados a la atención de los pobladores de las comunidades de El 12 Quebrada Borbollón, El 18, Río La Playa, La Isla y Quebrada Bonita, en jurisdicción del municipio de Carmen de Atrato.
Y aunque esta es una de las ciudades del país con mejor infraestructura, además de mayor conocimiento y experiencia acumulada como receptora de desplazados, la situación tiene desbordada su capacidad.
El secretario de Paz y Derechos Humanos, Carlos Arcila, detalló que solo entre el miércoles y el viernes de la semana pasada, se recibieron 96 familias del Chocó, conformadas por 357 personas (197 mujeres adultas, 160 hombres y 424 niños niñas y adolescentes). Y en el fin de semana, hasta este lunes en la mañana, iban 320 personas más. Es decir que en total son por lo menos 677 personas.
No obstante, en lo que no hay total certeza es en los motivos. Un líder de El 18 relató que el desplazamiento se debe a que en la zona hay visos de un posible recrudecimiento del conflicto, pues el área era dominada por el ELN pero el Clan del Golfo habría entrado a disputar el territorio.
De hecho, según añadió, lo común era ver las banderas roja y negra del grupo insurgente desplegadas por los campos pero en septiembre corrió la voz sobre un mensaje para los pobladores, emanado de los miembros del Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) –así se autodenomina el Clan del Golfo- en el sentido de que quedaba prohibido transitar por los campos después de las cuatro de la tarde. Ello habría originado un confinamiento, de manera que los indígenas no pudieron volver a salir a sus cultivos de plátano y maíz.
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En la declaración realizada ante los organismos de derechos humanos por los dirigentes de los resguardos, detallan que el 25 de septiembre hacia las ocho de la noche y hasta la madrugada del día siguiente se presentaron disparos en inmediaciones de la comunidad Palmar, muy cerca de El 18.
“La comunidad desconoce el grupo armado quienes hayan dado tiroteos; sin embargo, esta situación ha generado temor generalizado, intimidación de nuestros habitantes, restricciones a la libre movilidad y afectaciones directas al derecho a la educación de nuestros niños, niñas y jóvenes”, afirman en el texto.
También hablan de explosiones que escucharon hacia el 26 de septiembre, sin que atinen a especificar la posible causa. Y aunque hasta ahora no reportan muertos ni heridos, manifiestan su temor a quedar en medio del fuego cruzado o a que los jóvenes y niños de las comunidades sean reclutados, pues se trata de un fenómeno que ya han padecido. De hecho, “en los dos últimos años miembros de nuestra comunidad se encuentran en las filas de los grupos armados, dos de ellos menores de edad”, dijeron.
“La presencia de estos actores armados ilegales ha generado un ambiente de tensión, zozobra e intranquilidad para nuestras comunidades, afectando gravemente derechos fundamentales como la paz, la libre locomoción, el trabajo, la educación y en general el pleno ejercicio de nuestra autonomía y proyecto de vida”, añadieron.
Cambio de tendencia
En la mayoría de las ocasiones a lo largo de la historia del conflicto armado en la zona, a diferencia de los campesinos mestizos, los indígenas habían preferido mantenerse dentro de su territorio y cuando se presentaba una dificultad, han preferido moverse hacia poblados cercanos de su misma etnia mientras que pasa el motivo de miedo, para poder retornar.
Pero en esta ocasión, y debido posiblemente a que se habrían quedado sin redes de apoyo entre sus congéneres o porque no obtuvieron ayuda efectiva de las autoridades del Carmen de Atrato, según dijeron, se desplazaron de manera masiva directamente hacia la capital antioqueña a partir de la semana pasada, ante la amenaza de los armados y el hambre.
“Como no había garantías, nos tocó desplazarnos hacia la ciudad”, expresó Camilo Tequia, uno de los líderes.
Si bien Quibdó les quedaba mucho más cerca, optaron por llegar a Medellín debido a que se trata de una ciudad con mayor experiencia, infraestructura y recursos para atender a los desplazados.
La salida se fue dando en grupitos de 18 a 25 personas valiéndose del transporte público en los buses de Rápido Ochoa.
No obstante, de acuerdo con Arcila, la Alcaldía está verificando la veracidad del relato, pues si bien se ha comprobado la existencia de un confinamiento previo, el Ejército niega que en esa zona se hayan presentado combates últimamente.
La otra posibilidad que quieren descartar es que el verdadero motivo del éxodo sea la proximidad de las vacaciones y la temporada decembrina, cuando se vuelve común que algunos indígenas arriben al Valle de Aburrá a mendigar, usando a los niños y mujeres.
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Lo claro es que ha desbordado la capacidad institucional. Una persona relacionada con la atención a desplazados en la ciudad le dijo a EL COLOMBIANO que este es el desplazamiento masivo de mayores proporciones que ha presenciado en por lo menos quince años.
Por ello, el Distrito le está pidiendo al Gobierno Nacional que no lo deje solo, independiente de las causas reales, apoyado en el principio de subsidiariedad que define la Ley 1448 de 2011 o Ley de Víctimas.
Una de las alternativas que estudian es el regreso de los desplazados a su zona de origen, brindándoles posibilidades de supervivencia temporal en los mismos resguardos o, si no es posible, en el casco urbano del Carmen de Atrato.
El albergue está desbordado
Lo normal es que las personas desplazadas pasen un periodo de tres meses máximo, prorrogables a seis meses, dentro de un albergue -que en el caso de Medellín queda en el corregimiento San Antonio de Prado- acompañado de alimentación y servicios de salud. De ahí en adelante y tras su ingreso al Registro Único de Víctimas (RUV), les proveen auxilios para alquiler de vivienda, por familia. Sin embargo, el presente éxodo cogió el albergue al tope; la alcaldía no los ha podido hospedar a los Embera del Chocó.
Como los indígenas están enseñados a vivir en comunidad, según le dijo a EL COLOMBIANO uno de los líderes del desplazamiento desde Chocó su petición es que ojalá el Municipio alquile una casa que les permita quedarse unidos mientras que se dan las condiciones para un posible retorno.
El secretario de Paz y Derechos Humanos no lo ve muy posible; sin embargo, en la tarde de este lunes habría una reunión de alto nivel entre las partes involucradas en la solución a este embrollo y de allí saldrían definiciones. Fue enfático en que lo ideal es que vuelvan a su territorio.
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Preguntas sobre la nota:
- ¿Cuántos indígenas desplazados han llegado a Medellín en 2024?
- En menos de una semana arribaron más de 650 personas, según la Secretaría de Paz y Derechos Humanos.
- ¿Qué grupos armados provocaron el desplazamiento?
- El conflicto se desató entre el ELN y el Clan del Golfo, que se disputan el control del territorio en Carmen de Atrato.
- ¿Dónde están alojados los indígenas desplazados?
- Actualmente son atendidos en la Unidad Permanente de Justicia (UPJ) y algunos esperan reubicación por falta de cupo en el albergue.
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