La Contraloría General de la República (CGR) decretó la intervención funcional de oficio a las investigaciones que adelanta desde 2023 la Contraloría de Medellín por las presuntas irregularidades en el manejo de la caja menor del despacho del exalcalde de Medellín Daniel Quintero, hoy en busca de ser un candidato firme a la Presidencia de Colombia para las elecciones de 2026. Con esta decisión, el órgano de control se lleva ese proceso para Bogotá y deberá determinar si se constituyó una responsabilidad fiscal.
La CGR asume entonces el proceso y la Contraloría Distrital de Medellín deberá transferir la titularidad funcional del caso, suspender las actividades en curso sobre el mismo y enviar las diligencias respectivas a la instancia nacional de control para que siga el curso de las investigaciones.
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En la resolución de la CGR, con fecha de este 20 de agosto, consta que la decisión se tomó luego de que el abogado Gustavo Quintero Navas solicitara a la entidad nacional asumir la intervención funcional prevalente excepcional a las investigaciones por ese proceso de responsabilidad fiscal. Concretamente, según lo expuesto en la resolución, se habla de la investigación sobre la “autorización y certificación de gastos por concepto de servicio de restaurante con cargo al Fondo Fijo Reembolsable 067”.
En el documento de la Contraloría se indica que el abogado Quintero Navas fundamentó su solicitud en que el equipo de auditoría logró evidenciar que entre el año 2022 y el 30 de junio de 2023 “se presentaron gastos con cargo al Fondo Fijo Reembolsable 067 por concepto de servicios de restaurante por un valor total de $124’566.005, de los cuales el ordenador del gasto autorizó y certificó solo $7’799.790 para atender reuniones de carácter oficial que se encontraban en la agenda del señor alcalde”.
En consecuencia, esto significaría que alrededor de $116 millones no fueron autorizados ni certificados para el cumplimiento de funciones o delegaciones de misión oficial del alcalde Quintero, lo que indicaría que se hicieron compras individuales o personales, en algunos casos de comida muy costosa, lo que habría afectado la eficiencia del gasto público.
Un repaso al escándalo de la caja menor de Daniel Quintero
Las presuntas irregularidades en el manejo de la caja menor ha sido uno de los escándalos más sonados de la administración de Quintero, después de que, en 2023, salieron a flote documentos que detallaban cómo el despacho del exalcalde se gastaba esos recursos, catalogados como Fondo Fijo Reembolsable y que son únicamente para gastos “imprevistos, urgentes y necesarios”— con miras a garantizar el cumplimiento de las funciones públicas, según establece el Decreto 1645 de 2006—.
En las facturas que se conocieron en su momento, que despertaron indignación y sobre las que las autoridades de control pusieron la lupa, se encontraban desde pequeñas compras hasta otras que alcanzan los siete dígitos. Se trata de gastos en todo tipo de establecimientos, como cigarrerías, panaderías, supermercados, verdulerías, establecimientos de comida rápida y hasta restaurantes de lujo.
Aparecían en las facturas de restaurantes como Los Perritos, Mi Buñuelo, Cocorolló, La Miguería, Kokoriko, Frisby, Crepes & Waffles, la Heladería Soft Touch, Il Forno, Asados La 80 y Donuts Antioquia, entre muchos otros. Y aunque en estos establecimientos los montos no fueron muy grandes, con pagos desde los $43.000 hasta los $256.000, también aparecen costosas transacciones en restaurantes de lujo o ubicados en sectores exclusivos, como es el caso del restaurante de alta cocina Okus, ubicado en El Poblado, en donde pagaron una cena de $717.035 para los funcionarios del piso 12 de La Alpujarra. En este rubro, las arcas públicas también costearon una comida en Osaka Cocina Nikkei, por $1.719.414, así como múltiples compras en San Carbón, entre otros restaurantes.
La lista de establecimientos también incluye compras menudas y grandes en todo tipo de supermercados, como D1, Éxito, Carulla, Cencosud, Pricesmart, así como licoreras y cigarrerías. Por ejemplo, aparecían dos facturas por más de $3’100.000 en el establecimiento Hijo Negado, ubicado en El Poblado, cuya razón social figura como “expendio de bebidas alcohólicas para el consumo dentro del establecimiento”.
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Justamente, fue en la Contraloría de Medellín a donde llegaron quejas desde la misma alcaldía Quintero sobre el uso de dicho Fondo Fijo Reembolsable, por lo cual ese ente de control requirió a la Secretaría de Hacienda para que diera explicaciones. En su momento, la respuesta de esa dependencia, que fue filtrada en las redes sociales, consistió en un archivo de imagen en formato PDF, en el que se informaron de los gastos, sin especificar los ítems comprados con los recursos públicos.
Este escándalo recayó en buena medida sobre Juan David Duque, el exsecretario privado de Quintero, quien era el encargado de estos fondos que se asignan al despacho del alcalde. Esto llevó, incluso, a que se convirtiera en el primer funcionario de la historia de Medellín al que el concejo sometiera a una moción de censura y declarara insubsistente debido a que no acudió a los llamados de forma satisfactoria para explicar cómo fue que se gastaron la plata de la caja menor ni el porqué de las compras.
Posteriormente, la Procuraduría General de la Nación comenzó una investigación por este caso en octubre de 2023. Y en septiembre de 2024 el ente de control ordenó formular pliego de cargos contra Duque y la funcionaria Gloria Agudelo Tabares, otra presunta implicada en este tema. Según la decisión del ente investigador nacional, también se compulsaron copias para investigar a la también exsecretaria privada María Camila Villamizar y al propio exalcalde Quintero.
Y para julio de este año, la Procuraduría abrió una investigación disciplinaria en contra de Quintero y Villamizar, para esclarecer su participación en el escándalo de la caja menor. El Ministerio Público busca determinar cómo se gastaron dichos fondos entre los años 2020 y 2023, y si ambos funcionarios habrían incurrido en faltas disciplinarias. Además de vincular a ambos exfuncionarios, la Procuraduría también ordenó en su decisión practicar una inspección en la Alcaldía de Medellín, para solicitar toda la documentación asociada a la ejecución de dichos fondos.
Queda ahora entonces también el tema bajo la lupa de la Contraloría General de la República, lo que constituye un proceso más entre múltiples que hay en distintos órganos de control y la Fiscalía respecto a presuntos hechos de corrupción en la administración de Quintero, que ya suma 43 imputaciones por distintos hechos, incluido el mismo exalcalde.
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