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¿Quiénes son los contratistas y funcionarios salpicados en la auditoría forense de Federico Gutiérrez?

Particulares y servidores están inmersos en los presuntos casos de corrupción mencionados por el mandatario de Medellín este lunes durante su denuncia pública.

  • El alcalde Federico Gutiérrez cumplió una de sus promesas de gobierno: revelar cuáles son los casos de corrupción que habría cometido el alcalde Daniel Quintero y su equipo.
    El alcalde Federico Gutiérrez cumplió una de sus promesas de gobierno: revelar cuáles son los casos de corrupción que habría cometido el alcalde Daniel Quintero y su equipo.
04 de marzo de 2024
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A raíz de las declaraciones dadas por el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, sobre los nueve hallazgos más llamativos de los 501 hechos en la auditoría forense que su administración hizo a la saliente, varios nombres de empresarios y entidades salpicadas en ellos han comenzado a salir a flote.

En el primer caso que hablaba sobre las irregularidades en el contrato de los “Computadores Futuro”, aparece el nombre de Luis Andrés Rey Méndez, representante de la firma Nueva Era Soluciones S.A.S. que se quedó con el contrato de más de $80.000 millones para la entrega de los equipos de cómputo del programa de Quintero.

Según quedó plasmado en los documentos del contrato que recogió EL COLOMBIANO en su tiempo, la oferta más económica presentada para la subasta inversa por $80.000 millones para la entrega de computadores futuro se la había ganado inicialmente la empresa por Colsof S.A.S., que aseguró estar en capacidad de vender a la Alcaldía cada computador por un valor de $1.087.386. En segunda posición quedó Nueva Era Soluciones S.A.S., que ofertó un valor unitario de $1.098.370.

Como el precio de Colsoft le causaba dudas al Distrito en ese entonces, este le pidió que explicara como haría para obtener un precio tan bajo. Sin embargo, pese a las explicaciones dadas por Colsoft estas supuestamente no convencieron a la Secretaría de Suministros, en ese entonces bajo el mando de la quinterista Karen Bibiana Delgado, por lo que fue sacada del proceso, dejándole el camino libre a Nueva Era Soluciones S.A.S.

A esta también se le pidió explicación del bajo precio ofertado, y aunque en la resolución de adjudicación la Secretaría de Suministros plasmó haber recibido respuesta el 2 de septiembre y consideró que todo estaba en regla, más de dos años después esa sustentación clave desapareció de los expedientes del contrato.

En medio de las pesquisas que hoy vienen realizándose, dicho documento es crucial, dado que muy poco tiempo después de adjudicado el contrato empezaron los problemas que terminaron elevando el valor del contrato y los plazos, pues el 3 de septiembre de 2021, la Secretaría de Suministros y Servicios adjudicó el contrato a Nueva Era Soluciones (NES), por un valor de $80.0000 millones y un valor unitario de $1.098.370, pero la Alcaldía luego efectuó una adición de $32.000 millones y luego una más por $6.365 millones, cifras que se traducen en un incremento del valor original de al menos un 42,57%.

Otro caso que explicó Gutiérrez es que la alcaldía de Quintero compró una funeraria por $5.182 millones. En la notaría pública de la venta se indicó que “será destinada al proyecto de infraestructura educativa Jardín Infantil Buen Comienzo”.

El predio en cuestión fue comprado a una funeraria y está ubicado en la conocida carrera Juan del Corral del barrio Jesús Nazareno, en el Centro de la ciudad.

El costo de esta nueva sede de Buen Comienzo llamada proyecto Juan del Corral, ascendería a los $12.476 millones porque incluye también otros $7.315 millones de costos de obra e interventoría, un valor según la nueva administración muy elevado para un solo jardín infantil que está proyectado para atender a casi 300 niños en un sector donde la demanda, con base en datos del Dane, podría ser de unos 50 menores de edad.

A esto hay que sumar las dificultades para obtener una licencia de construcción individual en vista de que este lugar está ubicado en zona de influencia del Plan Parcial Jesús Nazareno, lo que pone unos requisitos diferentes en esta materia.

Otra polémica que tocó Gutiérrez es la del polémico lote de la finca Aguas Vivas, un terreno inmenso ubicado entre El Poblado y Las Palmas, con una extensión de 147.000 m2. Este había sido traspasado por sus dueños -la empresa IDC Inversiones, Técnicas Constructivas y el particular Juan Manuel Villegas- al Municipio en calidad de compensación urbanística.

Al final, registraron la tierra a nombre del Municipio a principios de mayo de 2020, pero curiosamente eso coincidió con dos cosas: que el terreno fuera calificado en el Plan de Desarrollo, a pesar de sus limitaciones geológicas, como el más pertinente para instalar allí el Valle del Software, y que comenzara a barajarse la posibilidad de que la Alcaldía de Quintero firmara una conciliación para pagarles a los expropietarios de Aguas Vivas más de $40.000 millones.

Es importante aclarar que detrás de IDC ha estado Felipe Agudelo, reconocido como gran amigo de Luis Pérez y participante en sus campañas, y que en ese momento el secretario de Gestión y Control Territorial era Carlos Mario Montoya, quien ha sido ficha burocrática de Pérez.

Tras las denuncias de EL COLOMBIANO, el negocio se cayó, aun así, Fabio Andrés García, subsecretario de Ejecución Contractual y después secretario General de la Alcaldía, firmó la resolución 202250110923 mediante la cual ordenaba anular la escritura y devolverle la tierra a IDC, y Villegas. Cabe anotar que IDC ha estado detrás de la problemática reconstrucción de la Biblioteca España y sus consabidos retrasos.

Sobre el escándalo del mantenimiento de las zonas verdes cabe recordar que el contrato le fue arrebatado al Jardín Botánico y entregado por la Alcaldía de Quintero a Metroparques —entidad que nunca sembró una flor, porque no es su vocación—. Con la venia del alcalde, esta entidad a su vez subcontrató el servicio por $3.900 millones con la Reforestadora El Líbano por medio de una convocatoria directa en la que también participaron Construgeo SAS y MasCampo, es decir otras dos compañías de la misma familia: los Vélez Henao, ya que en los registros mercantiles aparecen los nombres de la esposa, la cuñada y los hijos del dirigente liberal de Andes, Asdrúbal Vélez.

El hijo de Vélez se llama Steven y hace parte del equipo político del diputado liberal Luis Carlos Ochoa, un aliado de Daniel Quintero en su campaña a la Alcaldía, por lo que la contratación de El Líbano carga un tufillo de pago burocrático al apoyo que los Vélez le dieron a Quintero.

Frente al asunto del peculiar contrato con el que la Alcaldía pretendía pagar a $98 pesos cada kilo de las 20.000 toneladas de chatarra de los carros que hay en patios de la Secretaría de Movilidad, cuando en el mercado cada kilo vale más de $1.200 (con lo que se perderían cerca de $30.000 millones) vale la pena hacer memoria. Cabe recordar que la vencedora de este proceso fue la Unión Temporal RYM, conformada por las empresas Recicladora Naranjo (en cabeza del señor Rafael Naranjo) y HAQ Steels PVT S.A.S.

Según se ha documentado, el negocio podría estar direccionado para que la subasta se la ganara el oferente mencionado. Por ejemplo, se exigió en el contrato que la empresa a ejecutarlo debía tener una Prensa Cizalla de Gancho Móvil Ampliroll, una máquina muy específica con la que solo contaba la firma que a la postre ganó el proceso.

Por estos hechos, el exalcalde de Medellín Daniel Quintero enfrenta una investigación en su contra desde la Procuraduría General de la Nación quien también investiga a Karen Delgado, exsecretaria de Suministros y el exsubsecretario de Seguridad Vial y Control, Carlos Marín para saber si los tres habrían incurrido en irregularidades en la firma del contrato de chatarrización de vehículos.

Finalmente, frente al tema del direccionamiento de los recursos de Presupuesto Participativo a otros asuntos, incluso electorales, cabe recordar que en su tiempo, el concejal Alfredo Ramos denunció que por lo menos 97 consejeros de planeación –que son los que deciden la asignación de recursos en las comunas– eran a la vez contratistas del Municipio.

Este vínculo contractual pone en duda la independencia a la hora de votar proyectos que incluso terminan correspondiendo con apoyos políticos. Por ejemplo, en el Presupuesto Participativo se votaron muchos proyectos deportivos, creando un paquete de miles de millones de pesos por lo que el Inder debía celebrar un convenio global con Metroparques para que este manejara ese monto, pero contratando directamente con un operador, quien a su vez subcontrata en cada comuna dándoles pequeñas tajadas a los líderes.

Una muestra de esto es la empresa Asercomunitaria que se consolidó como la mayor firma contratista para operar eventos comunitarios, con contratos por casi $510 millones en la alcaldía de Quintero. Su cabeza es Alexis Castrillón, un consejero que a la vez ha presidido la Asocomunal comuna 6 y la junta de acción comunal de San Martín de Porres. Pero, adicionalmente, su hija Julieth representa a la Asociación para el Desarrollo La Casa de Todos y Asodecinco, que ha tenido contratos de presupuesto participativo a través de Telemedellín y Plaza Mayor por $329 millones. Y su hermana Ketsy Alexandra ha suscrito contratos con el Colegio Mayor.

Además, el Presupuesto Participativo se habría convertido en la caja menor para mantener la maquinaria electoral engrasada durante los comicios de octubre y de las presidenciales de 2022, según las conveniencias de Quintero. La sospecha la aumentó la suspicacia generada por las actuaciones del en ese entonces secretario de Participación Ciudadana, Juan Pablo Ramírez, que pasó a apoyar la campaña del petrismo en Medellín.

Según le dijo a EL COLOMBIANO, un líder “Estos señores (de la administración municipal) tienen amarrados a los presidentes de acción comunal, que son los ‘mochileros’ (personas que reclutan votantes)”.

Según el mandatario de los medellinenses, de los 501 hallazgos e irregularidades que fueron puestas en conocimiento de los órganos de control, 262 ya se hallan en manos de la Procuraduría y la Personería Distrital, 156 en la Contraloría General de la República y en la de Medellín, así como 83 en la Fiscalía General de la Nación

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