La Fiscalía anunció en la mañana de este martes que radicó el escrito de acusación contra el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, nueve de los funcionarios de su administración y tres personas particulares por la modificación irregular del Plan de Ordenamiento Territorial para restituir irregularmente el predio de Aguas Vivas.
Según señalaron desde el ente acusador, Quintero y las otras 12 personas serían responsables de los delitos de peculado por apropiación, prevaricato por acción e interés debido en la celebración de contratos. Ante la radicación de este escrito de acusación, el exmandatario será llevado a juicio en los próximos días.
Los demás exfuncionarios de la Alcaldía de Medellín procesados son: la exsecretaria de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía, Ingrid Vanessa González Montoya; la exsubsecretaria Legal de la Secretaría de Movilidad, Yina Marcela Pedroza Gómez; el exsecretario de Gestión y Control Territorial, Carlos Mario Montoya Serna; la exsecretaria de Suministros y Servicios y Secretaria General (e), Karen Bibiana Delgado Manjarrés; el exdirector del Departamento Administrativo de Planeación, Sergio Andrés López Muñoz; la exsubsecretaria de Ejecución de la Contratación de la Secretaría de Suministros y Servicios y Secretaria General (e), Natalia Andrea Jiménez Pérez; la exsubsecretaria de Defensa y Protección de lo Público de la Secretaría General, Alethia Carolina Arango Gil; la exsubsecretaria de Selección y Gestión de Proveedores de la Secretaría de Suministros y Servicios, Leidy Jiménez Echavarría; y el exsecretario General de la Alcaldía de Medellín, Fabio Andrés Trujillo García Trujillo.
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Los particulares vinculados dentro de este proceso son Juan Diego de Jesús Moreno Barón, José Fernando Rueda Salazar y Juan Manuel Villegas Márquez, quienes serían los tenedores del predio de Aguas Vivas.
Según señalaron desde la Fiscalía, entre febrero de 2020 y mayo de 2023 se habría intentado recurrir a una conciliación prejudicial para que, mediante diversas artimañas, los funcionarios de la administración de Daniel Quintero habrían intentado cambiar la sesión gratuita del bien a una compraventa para pagarle a los propietarios más de 40.500 millones de pesos por el valor del lote.
“Ante el fracaso de ese trámite, el exalcalde y el exsecretario General de la Alcaldía de Medellín, Fabio Andrés García Trujillo, al parecer, expidieron de manera irregular actos administrativos para aumentar el avalúo del terreno, entregárselo a los particulares y permitirles el desarrollo de actividades urbanísticas prohibidas en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT)”, indicaron desde la Fiscalía.
Debido a esta situación, el Juzgado Once Penal del Circuito con Función de Conocimiento incluyó a la Alcaldía de Medellín como víctima dentro de este proceso que buscaría golpear las finanzas del Distrito en beneficio de un grupo de particulares. Todo ello, pese a que la defensa del exmandatario y los demás procesados intentaron que esto no ocurriera.
¿En qué consiste el caso de Aguas Vivas?
El proceso de Aguas Vivas se inició por un predio con este nombre, ubicado en la comuna 14 (El Poblado), el cual le habría podido costar al Distrito más de 48.000 millones de pesos, si no hubiera sido por diversas trabas legales que se presentaron en la negociación. Este lote tiene 147.000 metros cuadrados de extensión que había sido comprado en 1.645 millones de pesos y que tenía un valor catastral de 2.897 millones de pesos.
Uno de los personajes clave en este proceso es Felipe Agudelo Mesa, uno de los dueños de Aguas Vivas y quien en antaño habría sido socio del exgobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, tanto en negocios como en sus correrías políticas –por medio de la empresa IDC, a la que ha estado ligado, y de otra con la que está relacionado llamada Técnicas Constructivas (TC)–, con las cuales habría tenido múltiples contratos millonarios tanto en la gobernación de Pérez como en la alcaldía de Quintero.
También dentro de este proceso están Carlos Mario Montoya Serna, político cercano a Pérez y Quintero y quien en la anterior administración ejerció como secretario de Gestión y Control Territorial. Alethia Carolina Arango Gil, abogada cercana al senador Alex Flórez, en este escándalo tuvo el papel de subsecretaria de Defensa y Protección de lo Público, es decir, quien debía defender el erario.
A ellos dos se suma el exsecretario General de Quintero, Fabio Andrés García Trujillo, quien en el caso de Aguas Vivas ejerció como subsecretario de Gestión Contractual de la Secretaría de Suministros y Servicios.
Aguas Vivas era propiedad IDC Inversiones y Técnicas Constructivas (TC), además de un particular llamado Juan Manuel Villegas. Todos compraron el predio el 29 de diciembre de 2014 y luego de tres meses le traspasaron el 11% a Luis Pérez y un 4% a sus hermanos Alberto, Darío y Mario, mediante una transacción de 361 millones de pesos.
Luego de varios ires y venires en el proceso, devolución del lote por parte del exgobernador de por medio y una declaratoria de alto riesgo en el terreno, el Plan de Ordenamiento Territorial cambió el uso al suelo de la zona desde el 17 de diciembre de 2014, por lo que había serias restricciones para construir en él.
Ante esto, los dueños de Aguas Vivas habían decidido ceder el terreno a la Alcaldía de Medellín para convertirlo en lote de compensación urbanística para los constructores que ejecutaran proyectos en la ciudad, lo que les daba beneficios de no continuar pagando impuestos por un predio que no podían usufructuar.
Cambio de donación a compra millonaria
Pero todo cambió en 2020, cuando en esta negociación, con escrituras en la Notaría 19 de Medellín ya listas, los dueños no la llevaron a la oficina de registro para que el traspaso al municipio quedara en firme. Acto seguido, realizaron un derecho de petición para cambiar las condiciones del traspaso del predio para que incluyeran cláusulas que los favorecían, tales como si en un año no encontraban cliente para su lote, el Municipio de Medellín debía buscarlo o pagar el precio que ellos pidieran por el predio.
Esta decisión fue negada el 25 de febrero de 2020 por quien para entonces era el líder de la Unidad de Adquisición de Bienes Inmuebles de la Secretaría de Suministros, León Jairo Mejía, quien les reiteró las condiciones iniciales del acuerdo.
Pero el 10 de septiembre de 2020, Montoya Serna explicó que el predio estaba pensado en un parque ecológico, pero que con el Plan de Desarrollo de la alcaldía de Daniel Quintero se evaluó construir allí una sede del Valle del Software, ante lo que era necesario acordar el valor real y definir la forma de pago de este predio. Esto empezó a dar pie a una puja entre quienes defendían en negocio y los que lo rechazaban por los riesgos.
En esta puja, los dueños del lote reclamaron 54.000 millones de pesos, argumentando un empobrecimiento por cuenta de la Alcaldía de Medellín, todo bajo el argumento de equiparar el valor unitario de este predio con el de otras zonas similares de la ciudad, pese a sus características, y el cobro de algunas indemnizaciones. La salida “salomónica” que les ofreció Montoya Serna era darles 40.500 millones de pesos.
Pero este acuerdo fue frenado por el procurador judicial Juan Nicolás Valencia en diciembre de 2021, tras una publicación de EL COLOMBIANO sobre estas irregularidades, frenando la presunta conciliación ofrecida por el secretario de Gestión y Control Territorial, argumentando daño al patrimonio pública.
La abogada Arango apeló la decisión, argumentando que si se pagaban los 40.500 millones de pesos a los dueños de Aguas Vivas, se ahorrarían el excedente que estaban pidiendo los dueños, sin tener en cuenta que el Municipio perdería más de 37.000 millones, teniendo en cuenta que el lote solo estaba avaluado en 2.987 millones de pesos. El Consejo de Estado ratificó la negativa de cualquier conciliación.
¿Cómo acabó salpicado Quintero?
Ante esto, Fabio Andrés García firmó una resolución el 26 de octubre de 2022 en la que se reversaba la cesión gratuita de Aguas Vivas, la cual le habían recomendado entonces a Montoya Serna desde 2020, pero que en su momento había rechazado. Todo pese a que en su momento pretendían pagar los 40.500 millones de pesos porque era un terreno esencial para el Valle del Software.
El exalcalde Quintero terminó salpicado en este proceso porque el 23 de mayo de 2023 firmó el decreto 412 para reglamentar el Valle del Software, incluyendo un complejo tecnológico en el ya rebautizado Ecoparque Las Palmas, incluyendo predios de carácter privado, beneficiando a Aguas Vivas y a Las Brisas, un lote anexo propiedad de Luis Pérez y su familia, el cual recibieron a cambio de entregar su participación en Aguas Vivas.
En medio de este decreto, Quintero habría autorizado, además, que Pérez y sus amigos pudieran estructurar en un predio no apto para construir, hoteles y malls comerciales, haciendo modificaciones al POT sin aval del Concejo de Medellín, único ente investido para hacer estos cambios en la ciudad.
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- ¿Por qué será juzgado Daniel Quintero por Aguas Vivas?
- Por presuntas irregularidades en el POT que habrían favorecido a particulares, generando un detrimento de más de $40.500 millones.
- ¿Quiénes más están implicados en el caso Aguas Vivas?
- Nueve exfuncionarios de su administración y tres particulares que tendrían relación directa con el predio.
- ¿Qué delitos se le imputan a Daniel Quintero?
- Peculado por apropiación, prevaricato por acción e interés indebido en contratos.
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