La Personería Distrital de Medellín dictó auto de apertura de investigación disciplinaria contra Margarita Contreras Ospina, quien fungió como directora de la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU) durante la administración de Daniel Quintero.
Contreras Ospina quedó como gerente general encargada de la EDU en las últimas dos semanas de 2023, y durante ese tiempo se habría dedicado a suscribir un contrato tras otro hasta superar en total los $10.000 millones.
De acuerdo con el informe que presentó la nueva gerencia de la EDU, a principios de 2024, la exfuncionaria habría expedido y firmado documentos oficiales en la primera semana de enero de 2024, a pesar de que ya no tenía ninguna competencia legal para hacerlo.
El escándalo se conoció públicamente a inicios de febrero de 2024, cuando el equipo de la nueva gerente, Luz Ángela González, presentó una denuncia en la Fiscalía General de la Nación por presunta suplantación contra Margarita Contreras, luego de percatarse en medio del empalme, el 12 de enero, que habían aparecido unas ampliaciones a contratos de obra e interventoría que ni ella ni su equipo habían aprobado. Alarmados por semejante irregularidad, llamaron a los representantes de las empresas favorecidas, y estos confirmaron que, efectivamente, la anterior gerente les había enviado chats en los que les solicitaba legalizar este asunto.
Uno de esos contratos originales buscaba la realización de algunas obras de infraestructura en la Cuarta Brigada. Su monto eran más de 17.000 millones de pesos y fuera de eso había otro contrato derivado por 3.000 millones, y aunque la adición tiene fecha de 26 de diciembre, la minuta llegó para la firma el 12 de enero pasado.
Para ese momento, Contreras ya había salido de la entidad en medio de una serie de escándalos protagonizados a lo largo de los cuatro años anteriores. Así que al indagar cómo se dieron esas irregularidades en esas prórrogas, llegaron hasta el cargo de dirección de contratación, que lo ocupaba todavía una funcionaria que venía de la anterior administración y que se había atornillado al cargo. Solo después de destaparse el escándalo y llegar a una denuncia penal contra Contreras, su antigua jefa, dicha funcionaria renunció.
Este fue apenas uno de los hallazgos que informó en su momento la gerencia que asumió en 2024, que también encontró una entidad con pérdidas por más de $7.000 millones, luego de haber arrancado un cuatrienio, en 2020, con utilidades por más de $13.000 millones. Los cambios en el manual de contratación que permitieron convertir en una constante la modalidad de invitación privada fue otro hallazgo calificado como grave. Entre 2020 y 2023, la EDU cambió las adjudicaciones bajo esta modalidad de 500 salarios mínimos legales vigentes a montos entre 1.000 y 10.000 salarios.
Según expresó la Personería, tras agotar la etapa preliminar de indagaciones, encontró que Contreras es la presunta responsable disciplinaria de estas irregularidades contractuales, por lo que dio apertura formal del proceso.
